Pedirá consenso a la oposición pero también respaldo a los empresarios y otros colectivos
El objetivo es sacar adelante el proyecto de desarrollo termal de As Burgas y, para ello, es preciso que el viernes próximo, la mayoría de la Corporación municipal de la ciudad apruebe la modificación de crédito que el gobierno municipal socialista planteará el martes en una comisión de pleno extraordinaria. Se trata, pues, de permitir que la modificación, destinada a disponer de fondos para pagar la expropiación del área de reparto, pueda pasar el trámite de esa comisión extraordinaria -PP o BNG deberían al menos reservar su voto- y, ya el viernes, que sea aprobada por un mínimo 14 concejales, lo que requiere también el apoyo de la oposición o, por lo menos, su abstención.
El gobierno municipal socialista de Ourense, en minoría, ha convertido el Plan especial de protección del BIC de As Burgas en un proyecto de prioridad uno, pero no tiene los votos suficientes en su grupo para cumplir los trámites, en este momento dar luz verde a la figura económica que le convertirá en dueño del terreno vía expropiación, al tiempo que reactiva el expediente expropiatorio que caducó recientemente, a instancias de uno de los recurrentes, que solicitó la caducidad, aceptada.
Por ello, iniciará una breve pero intensa campaña en busca del consenso, según la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, con el alcalde -Agustín Fernández- y el concejal de Hacienda -José Angel Vázquez Barquero- a la cabeza; todo ello para intentar convencer, primero a PP y BNG, pero también haciendo una llamada a la concienciación de la sociedad, a la que informará de los trámites realizados y de la actitud de cada uno de los grupos políticos. Es por ello que regidor y concejal se reunirán también con empresarios, asociaciones de vecinos, colectivos sociales y culturales. Porque, precisa la edil, que no participará como cabeza visible en esas gestiones, "es imprescindible que el Concello se haga con la propiedad del terreno" para continuar con la tramitación, que llevará a medio plazo a proyectar el hotel balneario de la ciudad, vía concurso público de ideas o a través de una licitación al uso, otorgando la construcción y explotación del servicio a la mejor oferta.
La expropiación
El gobierno local reconoce que los plazos están sobrepasados pero recuerda que a ello también ayudó el BNG, cuando en 2013 planteó cambiar el sistema de reparcelación previsto para hacerse con los Baños de Outeiro, solar de Xardín das Burgas y otras pequeñas parcelas, por la fórmula de la expropiación. Por eso, ni la edil ni el grupo de gobierno, que accedieron entonces al cambio, entienden que ahora los nacionalistas obstaculicen la aprobación de la modificación de crédito, como ya ocurrió en el pleno pasado, cuando se sometió a aprobación el visto bueno para disponer de 500.000 euros más al millón de euros ya aprobados para pagar las expropiaciones.
En esta ocasión, se trata de aprobar la disponibilidad de 1,6 millones de euros, el resultado de la suma de aquel acuerdo inicial, no abonado, y algo más del medio millón de euros, necesarios para prever posibles cambios en parámetros de aplicación como la tasa libre de riesgo u otros análogos.
Ese dinero se financia con el remanente de tesorería resultante de la liquidación del presupuesto de 2013. Ahora, la cantidad a abonar es suficiente para el gobierno local .
La operación económica ha pasado también el filtro de la interventora accidental, Paula Alvarez, que sentencia que cumple con la normativa de gestión presupuestaria aunque realiza una reserva expresa en lo referente al cumplimiento de la normativa de la estabilidad presupuestaria. En este punto, la técnica advierte de que la modificación presupuestaria introduce alteraciones por efectuarse con cargo a gastos generales, lo que desequilibra la estabilidad presupuestaria.
Por cierto que el desarrollo del Plan de As Burgas tiene otro frente abierto, aunque eso se dirimirá a largo plazo. Son los pleitos judiciales, cinco, planteados contra el propio Plan, contra la ordenación provisional que lo ampara, reclamando responsabilidades patrimoniales por 16 millones, contra el estudio de detalle y contra la propia expropiación.
