Los mecanismos de vigilancia para detectar delitos en los centros de protección de menores como los denunciados en verano de 2008 por las niñas de Hogar Lar Río Casaio (tratos vejatorios y maltrato psicológico) son los correctos, según precisaron ayer fuentes de la Consellería de Benestar.
Los residentes relataron en las entrevistas periódicas con el personal del Servizo de Familia episodios poco ortodoxos para su educación, optando por abrir una investigación. La supuesta mala praxis que se seguía en el centro de acogida, y que fue desvelada ayer por La Región, fue comunicada 'de inmediato' a la Fiscalía, que detalló los denigrantes castigos por parte de dos educadoras: comer cebolla cuando se meaban en la cama, poner en la cabeza las bragas sucias, genuflexiones con libros en las manos o incluso comer su propio vómito. En virtud de ello, la Administración pública, quien tutela a los menores allí acogidos, optaba por clausurar el centro. Según la Xunta, 'cada unha das queixas son investigadas e sancionadas e no caso de que exista algún indicio da comisión de falta ou delito son comunicados á Fiscalía de xeito inmediato'. En este sentido matiza que es preciso 'ser contundente'. La consellería reconoce que son factibles las posibles malas prácticas por parte de algún profesional 'pese ó importante traballo de todos os que traballaban en asuntos sociais e a vixilancia que se realiza sobre toda a rede de centros'.
Los centros de menores son inspeccionados una vez al año para velar por el estado de las instalaciones, las ratios personal/usuarios y la calidad de la atención prestada. Profesionales que trabajan en centros públicos consultados aseguran que estas inspecciones son a todas luces insuficientes en el ámbito privado, definiéndolas como un 'paripé'. 'Se les quita los mocos a los niños, se compran dos alfombrillas en los chinos y todo queda bonito para pasar el trámite', asegura un educador de Montealegre. No obstante, la Xunta precisa que pese a que la inspección es anual hay un seguimiento constante con entrevistas periódicas en el Servizo Técnico .
Trabajadores de Hogares Lar salieron al paso, asegurando que el problema se limitó a dos educadoras (el director también está imputado) y que 'se tomaron las medidas oportunas', aseguraba ayer una educadora de la única casa que la entidad tiene actualmente en la provincia -Valdomiño-, concretamente en Barbadás. Esta misma educadora se mostraba partidaria de más inspecciones.
Por su parte, la Asociación galega de Centros de Menores, en la que el vicepresidente es Arturo E.R., uno de los tres imputados, aseguró ayer que los hechos descritos por el fiscal y recogidos por este diario 'presumiblemente no responden a la realidad'. Es más, en una nota de prensa, por contra, recoge que 'las situaciones que se producen son la de un trato muy humano y cercano a los niños'. Precisa la nota que son 'centros abiertos a la sociedad' y en 'los que trabajan profesionales con la titulación precisa'.
Los centros de menores son inspeccionados una vez al año para velar por el estado de las instalaciones, las ratios personal/usuarios y la calidad de la atención prestada. Profesionales que trabajan en centros públicos consultados aseguran que estas inspecciones son a todas luces insuficientes en el ámbito privado, definiéndolas como un 'paripé'. 'Se les quita los mocos a los niños, se compran dos alfombrillas en los chinos y todo queda bonito para pasar el trámite', asegura un educador de Montealegre. No obstante, la Xunta precisa que pese a que la inspección es anual hay un seguimiento constante con entrevistas periódicas en el Servizo Técnico .
Trabajadores de Hogares Lar salieron al paso, asegurando que el problema se limitó a dos educadoras (el director también está imputado) y que 'se tomaron las medidas oportunas', aseguraba ayer una educadora de la única casa que la entidad tiene actualmente en la provincia -Valdomiño-, concretamente en Barbadás. Esta misma educadora se mostraba partidaria de más inspecciones.
Por su parte, la Asociación galega de Centros de Menores, en la que el vicepresidente es Arturo E.R., uno de los tres imputados, aseguró ayer que los hechos descritos por el fiscal y recogidos por este diario 'presumiblemente no responden a la realidad'. Es más, en una nota de prensa, por contra, recoge que 'las situaciones que se producen son la de un trato muy humano y cercano a los niños'. Precisa la nota que son 'centros abiertos a la sociedad' y en 'los que trabajan profesionales con la titulación precisa'.
