La subida de los delitos sexuales en la provincia estos últimos años está teniendo una incidencia directa en la sala de vistas de la Audiencia. El próximo mes de mayo, la sección Penal señaló hasta tres juicios. En uno de ellos, la víctima vuelve a ser menor. Y el acusado, reincidente. El pasado día 21 fue juzgado José Antonio J.N. por supuestamente haber mantenido una relación sexual consentida con una adolescente de 14 años con la que tuvo un breve “affaire”. En este caso, pendiente de sentencia, la acusación particular reclamó una condena de 12 años de cárcel y la fiscalía, diez.
El martes se enfrenta a un nuevo juicio y una nueva acusación por abusos sexuales a una joven de 17 años, a quien, según la versión de esta última, agredió sexualmente en el coche cuando regresaba con él a casa. La letrada de la denunciante interesa nueve años de cárcel, uno más que el fiscal, además de 21.000 euros por daños psicológicos y morales. El fiscal cuantificó la responsabilidad civil en 15.000 euros.
Los hechos denunciados, que él niega, asegurando que hubo una relación sexual con penetración consentida, supuestamente ocurrieron dos meses después del noviazgo con la menor de 14 años. La perjudicada había salido de fiesta con un amigo y con el inculpado. Las familias de ambos se conocían desde hacía años porque son del mismo pueblo, en el concello de Baltar. Fueron a las termas de Bande en la noche del 24 de noviembre de 2018 y allí bebieron cerveza.
La joven, según esa versión, convino con él que la llevaría de nuevo a su casa. En un momento dado, estando en el vehículo, asegura que sintió el peso del acusado encima y que intentó zafarse como pudo, pero estaba bebida y semiinconsciente. En ese estado de inferioridad, las acusaciones mantienen que el investigado tuvo relaciones sexuales completas con ella. El protocolo de agresión sexual desplegado cuando acudió al hospital así lo determinó.
Alejamiento
La petición de condena no sólo es de privación de libertad. También se solicita la prohibición de aproximarse a la denunciante a menos de 500 metros de cualquier lugar donde ella se encuentre, así como de comunicar con ella durante 10 años. La libertad vigilada interesada, una pena accesoria en los delitos sexuales, es de siete años (se ejecuta con posterioridad a la ejecución de la pena privativa de libertad).
La Guardia Civil detuvo al inculpado a finales de noviembre de 2018 tras la denuncia de la joven más mayor y las indagaciones posteriores realizadas sobre el primer caso. Durante el registro de su domicilio, los agentes se incautaron de siete kilos marihuana y diverso material para la plantación, crecimiento y secado de este tipo de droga.
Las acusaciones echan mano del artículo 182 del Código Penal para pedir una condena. Ese precepto castiga al que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con persona mayor de 16 años y menor de 18. En este caso, reclaman penas elevadas porque hubo acceso carnal por vía vaginal y se prevalió de la situación en la que la joven se encontraba tras el consumo de alcohol.
