La ourensana Elvira Rodríguez denunció en el año 1465 a su marido tras haberla apuñalado. Lo hizo ante un regidor y un juez, solicitando protección formal, algo insólito en la sociedad de aquella época. Quizás fue pionera en denunciar el maltrato
Algunos delitos son tan antiguos como la propia humanidad, y la violencia de género, se llamara como se llamara a lo largo de la historia, ha estado siempre muy presente en la vida de las mujeres; de igual forma que, en la mayoría de los casos, la impunidad por estos delitos en la de los hombres, en siglos pasados. Las denuncias de estas agresiones por parte de las propias mujeres pueden parecer también un avance más reciente en el tiempo.
Por ello, la denuncia efectuada por una ourensana de nombre Elvira Rodríguez, resulta un hecho excepcional y llamativo, ya que está fechada nada menos que el 3 de abril de 1465, en pleno siglo XV, y es de las primeras de las que se tiene constancia en Galicia. Se encuentra recogida, en gallego, en los protocolos notariales de García Fernández y ya fue recogida por Xesús Ferro Couselo en el año 1967, en su trabajo "A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos en galego dos séculos XIII ao XVI".
Lo llamativo de la denuncia efectuada por esta mujer que sufrió los maltratos de su marido, llegando al apuñalamiento, es que el caso no quedó oculto en el ámbito familiar, sino que la denuncia fue efectuada ante el regidor y juez de Ourense de entonces, Pedro López da Barreira, para reclamar protección formal.
La investigadora María Carmen Pallares también se hace eco de esta denuncia, por lo insólita que resulta en la Edad Media, y la aporta como ejemplo en uno de sus trabajos sobre "Conciencia y resistencia".
La denuncia conllevó el juicio para su marido, mercader, Juan Alfonso de Tenorio, "para que confiese públicamente sobre las agresiones y malos tratos ocasionados a su mujer", según recoge el documento.
Añade que éste los reconoce y se arrepiente y declara que "tratara bien a su mujer, pero que ésta debe volver al hogar conyugal y seguir cuidando a los hijos y la casa"; además, pide a su esposa que "acepte hacer vida matrimonial con él".
El documento notarial hace hincapié en exigir al esposo maltratador que "prometa no matarla ni herirla con espada, ni con puñal, ni con palo peligroso" y a la denunciante le pide que "vuelva a una vida matrimonial acorde con los principios de la Madre Iglesia, que establece que la mujer debe obedecer al marido".
Pero a las autoridades del momento no parece que les fuera suficiente garantía la promesa del mercader ourensano, ya que éste tuvo que empeñar su persona y sus bienes, ya que, en caso de no cumplir con su promesa, se le obligaba a hacer frente a una multa de 20.000 maravedíes; eso sí, la destinataria no sería la maltratada, sino que el dinero se dividiría en dos partes: una para el obispo, señor de la ciudad, y la otra mitad para el regidor y juez, Pedro López.
Para ello se designaron fiadores, aunque la denunciante también estaba obligada a cumplir su promesa " de ser obediente e servente en todas as cousas justas”.
Así que, finalmente, la víctima del maltrato, toda una pionera en la época medieval, al hacer pública la conducta de su marido, también se vio, de alguna manera, condenada.
Siglos después, aunque se ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia de género, ésta aún no ha sido erradicada.
