Los inquilinos de las seis viviendas de promoción pública de la Praza da Ferrería y Cervantes, en el casco histórico, han mostrado su malestar por lo que consideran un abuso en lo que se refiere al pago de tasas y servicios. Aseguran que están obligados a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y una derrama mensual de 50 euros, que se unen a los 109 euros de alquiler. Aunque en el Concello advierten que el IBI sólo lo debe pagar el propietario, el contrato de alquiler señala que lo debe abonar el arrendatario.
Desde el mes de julio, seis vivendas de promoción pública en el casco histórico (Praza da Ferreiría y Cervantes) albergan a otras tantas familias arrendatarias que suscribieron un contrato de alquiler con la Consellería de Vivenda, impulsora de estas viviendas a bajo coste, y que las gestiona ahora el Concello, mediante la Tenencia de Alcaldía, responsable del área municipal de Vivenda.
El perfil de los inquilinos de estas viviendas son, sobre todo, mujeres menores de 35 años, con hijos a su cargo y con escasos ingresos económicos. Mercedes Gómez Reija es una de las arrendatarias. Divorciada y con dos hijos, esta mujer vive en la Praza da Ferrería desde agosto con un alquiler mensual de 109 euros (cuando le entreguen la plaza de garaje contratada, pasará a pagar 133,66 euros). No obstante, critica que los inquilinos tengan que abonar 50 mensuales para una derrama cuyo objeto desconocen (dado que carecen de ascensor y gastos de comunidad), del mismo modo que lamenta el hecho de que en unas viviendas destinadas a personas con pocos recursos hayamos tenido que pagar el alta de la luz y el agua, con 238 y 83 euros de gasto, respectivamente.
Armarios sin revestir
Esta inquilina también señala que los armarios empotrados de su vivienda están sin revestir, por lo que tendrá que acometer esta obra que cifra en algo más de 600 euros, cantidad, dice, que no se puede permitir. Asimismo, la crítica más dura la vierte Mercedes Gómez contra el hecho de que los inquilinos tengan que pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a partir de 2008, algo que considera totalmente inadmisible.
Fuentes de la Concejalía de Hacienda del Concello de Ourense, responsable del cobro de impuestos, destacan que los tributos por la propiedad del inmueble deben ser abonados por el propietario (en este caso, la Consellería de Vivienda), en el supuesto de que en el contrato no se especifique lo contrario. Esta premisa sí que está recogida en el acuerdo que firmaron los usuarios de los inmue bles con el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que reza en su capítulo sexto: No que atinxe ao Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) que grava a vivenda e a praza de garaxe, acórdase polas partes que o seu pagamento lle corresponda ao arrendatario.
El perfil de los inquilinos de estas viviendas son, sobre todo, mujeres menores de 35 años, con hijos a su cargo y con escasos ingresos económicos. Mercedes Gómez Reija es una de las arrendatarias. Divorciada y con dos hijos, esta mujer vive en la Praza da Ferrería desde agosto con un alquiler mensual de 109 euros (cuando le entreguen la plaza de garaje contratada, pasará a pagar 133,66 euros). No obstante, critica que los inquilinos tengan que abonar 50 mensuales para una derrama cuyo objeto desconocen (dado que carecen de ascensor y gastos de comunidad), del mismo modo que lamenta el hecho de que en unas viviendas destinadas a personas con pocos recursos hayamos tenido que pagar el alta de la luz y el agua, con 238 y 83 euros de gasto, respectivamente.
Armarios sin revestir
Esta inquilina también señala que los armarios empotrados de su vivienda están sin revestir, por lo que tendrá que acometer esta obra que cifra en algo más de 600 euros, cantidad, dice, que no se puede permitir. Asimismo, la crítica más dura la vierte Mercedes Gómez contra el hecho de que los inquilinos tengan que pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a partir de 2008, algo que considera totalmente inadmisible.
Fuentes de la Concejalía de Hacienda del Concello de Ourense, responsable del cobro de impuestos, destacan que los tributos por la propiedad del inmueble deben ser abonados por el propietario (en este caso, la Consellería de Vivienda), en el supuesto de que en el contrato no se especifique lo contrario. Esta premisa sí que está recogida en el acuerdo que firmaron los usuarios de los inmue bles con el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que reza en su capítulo sexto: No que atinxe ao Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) que grava a vivenda e a praza de garaxe, acórdase polas partes que o seu pagamento lle corresponda ao arrendatario.
