Las infracciones a la legalidad urbanística motivaron la apertura de 93 expedientes en la provincia a lo largo de 2011 y la paralización de un total de 35 obras en ejecución después de que fueran detectadas irregularidades por los inspectores de la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística o denunciadas por algún particular.
Desde este organismo, fruto de la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente y los ayuntamientos, se considera que las edificaciones ilegales y dispersas causan perjuicios a todos los ciudadanos porque 'consumen suelo, degradan el paisaje' y encarecen la gestión y el mantenimiento de los servicios básicos, entre otros. Cualquier ciudadano puede denunciar una edificación ilegal e incluso la Axencia dispone de un apartado en su página web para agilizar la tramitación de esas denuncias.
Con todo, la provincia queda muy lejos de las estadísticas del resto de Galicia en lo que a expedientes por ilegalidades urbanísticas se refiere. Así, Pontevedra, con 503, está a la cabeza, seguida de A Coruña (370) y Lugo (204). También ocupa el último lugar en órdenes de demolición, quedando muy lejos de las 27 de A Coruña, las 23 de Pontevedra y las 12 de Lugo. Sin embargo, es la segunda en obras paralizadas, detrás de Lugo (37).
Con todo, la provincia queda muy lejos de las estadísticas del resto de Galicia en lo que a expedientes por ilegalidades urbanísticas se refiere. Así, Pontevedra, con 503, está a la cabeza, seguida de A Coruña (370) y Lugo (204). También ocupa el último lugar en órdenes de demolición, quedando muy lejos de las 27 de A Coruña, las 23 de Pontevedra y las 12 de Lugo. Sin embargo, es la segunda en obras paralizadas, detrás de Lugo (37).
