¿Sabía el alcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), lo que hacía cuando apadrinaba la construcción de un polideportivo a 75 metros de un monasterio declarado Bien de Interés Cultural? La respuesta marcará la absolución o la condena por el delito de prevaricación urbanística del que fue juzgado ayer.
De entrada, tendió durante su interrogatorio a mostrarse ignorante -y escapar a la acusación de haber actuado a sabiendas- sobre el alcance jurídico de cuantos documentos firmó tendentes a impulsar las obras, mientras ejercía de regidor en funciones.
El 22 de septiembre de 2004 se vislumbra como una fecha clave en el procedimiento, pues ese día el secretario del Concello informaba por escrito de que, ante la falta de planeamiento municipal, correspondía a la Xunta autorizar las obras.
Pardellas habría hecho oídos sordos, según la fiscal Carmen Eiró, y ese mismo día firmó el decreto que aprobaba el expediente de contratación de obra. La defensa puso todo su empeño en deslegitimar el informe del secretario, que en su opinión objetaba, en esencia, por una cuestión económica, no legal. 'Sólo se hizo referencia escuetamente, y en todo caso en ningún momento anterior o posterior del proceso, a la necesidad de que la Xunta autorizase las obras', subrayó el letrado de Pardellas. El alcalde negó que el secretario lo hubiese advertido verbalmente. ¿Y por escrito? 'Yo no leo expedientes. A mí me los ponen y los firmo. No soy especialista en temas jurídicos', aseveró.
Las obras arrancaron en enero de 2005. Técnicos de la Xunta lo comprobaron in situ. El 22 de abril, Política Territorial instaba a reponer la legalidad urbanística. 'No recuerdo esa notificación', declaró el alcalde, que sí tomó conocimiento de la del 27 de julio, en la que se requería la paralización de las obras. Pese a ello, éstas continuaron, aseguraron fiscal y peritos, que vieron hormigoneras en la zona durante los días posteriores. De hecho, la constructora y el alcalde firmaron el 10 de agosto el acta de finalización de la primera fase de las obras. Un día antes de que el Concello comunicase formalmente a la empresa constructora la paralización.
La esclarecedora carta del alcalde al Valedor do Pobo
Peritos de la Xunta aseguraron que las obras se iniciaron antes que el Concello hubiese solicitado autorización para acometerlas. Tras una denuncia de los vecinos, los peritos acudieron a la zona y advirtieron 'movimientos de tierra'. Pardellas, además de ampararse en su ignorancia en temas jurídicos, lo hizo en la debilidad de su memoria para las fechas. En ese sentido, declaró no recordar que antes de haber recibido notificación para paralizar las obras, había enviado una carta -en junio de 2005- al Valedor do Pobo en la que le informaba de que las obras se habían paralizado, hecho que no se ajustaba del todo a la realidad, certificaron varios testimonios. La defensa solicitó para Pardellas la absolución, ya que no hubo 'voluntad expresa' de vulnerar la legalidad, aferrándose a que el Concello tenía pocos empleados, el secretario acudía apenas una vez a la semana y el alcalde no era un especialista en temas legales.
La Fiscal mantuvo su petición de un año de prisión e inhabilitación de nueve años para desempeñar cargo público. La acusación particular (que atribuiría el interés de Pardellas en no parar las obras hasta finalizarlas a que quería cobrar una subvención) extendió su imputación a un delito de daños contra el patrimonio (dos años de cárcel).
El 22 de septiembre de 2004 se vislumbra como una fecha clave en el procedimiento, pues ese día el secretario del Concello informaba por escrito de que, ante la falta de planeamiento municipal, correspondía a la Xunta autorizar las obras.
Pardellas habría hecho oídos sordos, según la fiscal Carmen Eiró, y ese mismo día firmó el decreto que aprobaba el expediente de contratación de obra. La defensa puso todo su empeño en deslegitimar el informe del secretario, que en su opinión objetaba, en esencia, por una cuestión económica, no legal. 'Sólo se hizo referencia escuetamente, y en todo caso en ningún momento anterior o posterior del proceso, a la necesidad de que la Xunta autorizase las obras', subrayó el letrado de Pardellas. El alcalde negó que el secretario lo hubiese advertido verbalmente. ¿Y por escrito? 'Yo no leo expedientes. A mí me los ponen y los firmo. No soy especialista en temas jurídicos', aseveró.
Las obras arrancaron en enero de 2005. Técnicos de la Xunta lo comprobaron in situ. El 22 de abril, Política Territorial instaba a reponer la legalidad urbanística. 'No recuerdo esa notificación', declaró el alcalde, que sí tomó conocimiento de la del 27 de julio, en la que se requería la paralización de las obras. Pese a ello, éstas continuaron, aseguraron fiscal y peritos, que vieron hormigoneras en la zona durante los días posteriores. De hecho, la constructora y el alcalde firmaron el 10 de agosto el acta de finalización de la primera fase de las obras. Un día antes de que el Concello comunicase formalmente a la empresa constructora la paralización.
La esclarecedora carta del alcalde al Valedor do Pobo
Peritos de la Xunta aseguraron que las obras se iniciaron antes que el Concello hubiese solicitado autorización para acometerlas. Tras una denuncia de los vecinos, los peritos acudieron a la zona y advirtieron 'movimientos de tierra'. Pardellas, además de ampararse en su ignorancia en temas jurídicos, lo hizo en la debilidad de su memoria para las fechas. En ese sentido, declaró no recordar que antes de haber recibido notificación para paralizar las obras, había enviado una carta -en junio de 2005- al Valedor do Pobo en la que le informaba de que las obras se habían paralizado, hecho que no se ajustaba del todo a la realidad, certificaron varios testimonios. La defensa solicitó para Pardellas la absolución, ya que no hubo 'voluntad expresa' de vulnerar la legalidad, aferrándose a que el Concello tenía pocos empleados, el secretario acudía apenas una vez a la semana y el alcalde no era un especialista en temas legales.
La Fiscal mantuvo su petición de un año de prisión e inhabilitación de nueve años para desempeñar cargo público. La acusación particular (que atribuiría el interés de Pardellas en no parar las obras hasta finalizarlas a que quería cobrar una subvención) extendió su imputación a un delito de daños contra el patrimonio (dos años de cárcel).
