Después de múltiples iniciativas infructuosas para lograr una reducción del peaje de la autopista AP-53 (el tramo Santiago-Dozón de la conexión que enlaza Ourense con la ciudad compostelana), el Parlamento gallego promueve ahora un nuevo intento.
Así, la Cámara autonómica aprobó ayer una propuesta del grupo 'popular' en la que insta a la Xunta a incluir la citada vía en el plan de rescate de autopistas que promueve el Gobierno central, con el fin de que se traduzca en una reducción del importe de la tarifa que se aplica a los conductores que utilizan ese trazado.
La iniciativa fue defendida por el diputado del PP Alejandro Gómez Alonso, que hizo referencial al fondo de rescate habilitado por el Ministerio de Fomento el año pasado, con un importe de 250 millones de euros, que se incrementaron con otros 250 millones en 2011. Se trata de préstamos participativos destinados a ayudar a las concesionarias por su mala situación financiera debido a la baja densidad de tráfico, y que beneficia fudamentalmente a autopistas radiales de Madrid (R-3, R-5 y R-2), la conexión de pago con la T-4 de Barajas, y los corredores Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Alicante-Cartagena y Cartagena-Vera.
COSTE
El parlamentario criticó que la AP-53 es una de las más caras de España y no tiene ningún tipo de bonificación o descuento para los usuarios, aunque 'ata hai pouco declarou ganancias a costa de non facer ningún desconto'. De hecho, el coste actual está fijado en 5,30 euros para turismos (importe que se eleva a 8,95 euros para vehículos pesados categoría I y a 10,60 para los pesados de categoría II). El PP justifica su demanda en el hecho de que la autopista todavía no alcanzó sus objetivos de volumen de tráfico (notablemente inferior al del tramo con el que enlaza, la AG-53 entre Dozón y Ourense).
Con respecto a las negociaciones para que Fomento traspase la autopista a la Xunta, Gómez Alonso señaló que el ministerio'non ten intención algunha de facelo'. En este sentido, el parlamentario recordó que la Xunta solicitó formalmente a Fomento la transferencia de la titularidad de la autopista, con el fin de que el Gobierno autonómico pudiese negociar directamente con la sociedad concesionaria (Acega) y lograr una ajustes y revisiones en el peaje. Para ello, se constituyó una comisión técnica, en la que Fomento demandó que sea la Xunta la que pague los 60 millones del préstamo que concedió a la sociedad para la construcción de la autopista, a lo que la administración autonómica se niega. 'Do que estamos seguros é de que, de estar esta autoestrada en Cataluña en lugar de en Galicia, ó Goberno español non se lle ocorrería plantexarlle semellante abuso á Generalitat', señaló Gómez Alonso.
Por su parte, socialistas y nacionalistas han criticado la proposición no de ley impulsada por el PPdeG, al entender que se trata de una iniciativa 'electoralista' e 'indecente', según señalaron los representantes de estos partidos. Así, desde el PSdeG, Pablo López Vidal advirtió a la Xunta de que 'o seu discurso chorón' no va a ningún lado. 'Ustedes (el PP) e as súas maiorías absolutas sementaron este país de peaxes', señaló, antes de instar al Gobierno gallego a 'sacalos' y dejarse 'de contos chineses'.
Mientras, la nacionalista Teresa Táboas insistió en que se dé a conocer 'a verdadeira historia dos peaxes' en la Comunidad, al tiempo que tachó la propuesta popular de 'demagóxica'.
La iniciativa fue defendida por el diputado del PP Alejandro Gómez Alonso, que hizo referencial al fondo de rescate habilitado por el Ministerio de Fomento el año pasado, con un importe de 250 millones de euros, que se incrementaron con otros 250 millones en 2011. Se trata de préstamos participativos destinados a ayudar a las concesionarias por su mala situación financiera debido a la baja densidad de tráfico, y que beneficia fudamentalmente a autopistas radiales de Madrid (R-3, R-5 y R-2), la conexión de pago con la T-4 de Barajas, y los corredores Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Alicante-Cartagena y Cartagena-Vera.
COSTE
El parlamentario criticó que la AP-53 es una de las más caras de España y no tiene ningún tipo de bonificación o descuento para los usuarios, aunque 'ata hai pouco declarou ganancias a costa de non facer ningún desconto'. De hecho, el coste actual está fijado en 5,30 euros para turismos (importe que se eleva a 8,95 euros para vehículos pesados categoría I y a 10,60 para los pesados de categoría II). El PP justifica su demanda en el hecho de que la autopista todavía no alcanzó sus objetivos de volumen de tráfico (notablemente inferior al del tramo con el que enlaza, la AG-53 entre Dozón y Ourense).
Con respecto a las negociaciones para que Fomento traspase la autopista a la Xunta, Gómez Alonso señaló que el ministerio'non ten intención algunha de facelo'. En este sentido, el parlamentario recordó que la Xunta solicitó formalmente a Fomento la transferencia de la titularidad de la autopista, con el fin de que el Gobierno autonómico pudiese negociar directamente con la sociedad concesionaria (Acega) y lograr una ajustes y revisiones en el peaje. Para ello, se constituyó una comisión técnica, en la que Fomento demandó que sea la Xunta la que pague los 60 millones del préstamo que concedió a la sociedad para la construcción de la autopista, a lo que la administración autonómica se niega. 'Do que estamos seguros é de que, de estar esta autoestrada en Cataluña en lugar de en Galicia, ó Goberno español non se lle ocorrería plantexarlle semellante abuso á Generalitat', señaló Gómez Alonso.
Por su parte, socialistas y nacionalistas han criticado la proposición no de ley impulsada por el PPdeG, al entender que se trata de una iniciativa 'electoralista' e 'indecente', según señalaron los representantes de estos partidos. Así, desde el PSdeG, Pablo López Vidal advirtió a la Xunta de que 'o seu discurso chorón' no va a ningún lado. 'Ustedes (el PP) e as súas maiorías absolutas sementaron este país de peaxes', señaló, antes de instar al Gobierno gallego a 'sacalos' y dejarse 'de contos chineses'.
Mientras, la nacionalista Teresa Táboas insistió en que se dé a conocer 'a verdadeira historia dos peaxes' en la Comunidad, al tiempo que tachó la propuesta popular de 'demagóxica'.
