Un centenar de empleados de T-Solar se concentraron delante de la Subdelegación del Gobierno en Ourense para luego emprender una pequeña marcha por la calle del Paseo y mostrar así su rechazo al ERE de extinción presentado por la empresa fotovoltaica y que afectará a sus 170 trabajadores.
El presidente del comité de empresa, Isidro Blanco, comunicó que los empleados están a la espera de que el juez dicte auto para que comience el periodo de consultas, aunque la empresa todavía 'no ha hablado con nosotros, lo único que hicieron fue presentarnos la documentación'.
Ante esta situación 'estamos intentando que los cargos públicos que dieron 16 millones de euros para esta empresa se involucren en este momento', ya que 'su viabilidad pasa por que ellos se impliquen un poco', dijo.
La empresa T-Solar, que inició en 2008 un proyecto de última generación para fabricar paneles solares, ha planteado el ERE tan sólo cinco años después, dejando 61 millones de euros en deudas tras recibir ayudas de las administraciones públicas por importe de 16 millones, además de créditos blandos de las entidades financieras.
La empresa dice en su informe que necesita un inversor o un comprador, por lo que los trabajadores piden la implicación de las administraciones. Porque durante los últimos meses, en el tiempo en el que ya se llevaron a cabo expedientes de regulación temporales, 'se estuvieron haciendo mejoras por valor de medio millón de euros, aproximadamente'. Esto se debe a que 'el grupo tiene dos proyectos ahora mismo, uno en California y otro en Puerto Rico, pero que todavía no están cerrados para ponerse a trabajar'.
Además de seguir planificando acciones según se desarrollen las negociaciones, los trabajadores ya han solicitado una entrevista con el conselleiro de Industria, el subdelegado del Gobierno, y el director del Igape, pero 'todavía no nos han dado respuesta'. Los empleados aseguran que la empresa en viable, pese a la competencia de los chinos, aunque necesitará subvenciones públicar para mantenerse mientras no se regula el mercado.
Ante esta situación 'estamos intentando que los cargos públicos que dieron 16 millones de euros para esta empresa se involucren en este momento', ya que 'su viabilidad pasa por que ellos se impliquen un poco', dijo.
La empresa T-Solar, que inició en 2008 un proyecto de última generación para fabricar paneles solares, ha planteado el ERE tan sólo cinco años después, dejando 61 millones de euros en deudas tras recibir ayudas de las administraciones públicas por importe de 16 millones, además de créditos blandos de las entidades financieras.
La empresa dice en su informe que necesita un inversor o un comprador, por lo que los trabajadores piden la implicación de las administraciones. Porque durante los últimos meses, en el tiempo en el que ya se llevaron a cabo expedientes de regulación temporales, 'se estuvieron haciendo mejoras por valor de medio millón de euros, aproximadamente'. Esto se debe a que 'el grupo tiene dos proyectos ahora mismo, uno en California y otro en Puerto Rico, pero que todavía no están cerrados para ponerse a trabajar'.
Además de seguir planificando acciones según se desarrollen las negociaciones, los trabajadores ya han solicitado una entrevista con el conselleiro de Industria, el subdelegado del Gobierno, y el director del Igape, pero 'todavía no nos han dado respuesta'. Los empleados aseguran que la empresa en viable, pese a la competencia de los chinos, aunque necesitará subvenciones públicar para mantenerse mientras no se regula el mercado.
