En dicho informe se recogían diversas irregularidades de tipo administrativo en las actuaciones llevadas a cabo en el expediente de contratación, que traería como consecuencia que no estuviese justificada la concesión de fondos estructurales para estos proyectos y conllevaría la devolución por parte de la Diputación de las cantidades certificadas, más de 10 millones de euros.
Según las conclusiones de la comisión facilitadas por la institución provincial 'la denuncia-informe de la OLAF se sustenta sobre presunciones' que, puestas en contraste 'con las razones y fundamentos técnico-jurídicos de las alegaciones realizadas por la Diputación', no dejan otra salida que 'rechazar' el informe de la oficina europea.
La comisión recuerda que llamó a los funcionarios que participaron en las distintas fases y tramitaciones seguidos para la redacción y contratación de los citados proyectos y 'cada uno de ellos manifestó que en ningún momento de su intervención y actuación recibieron indicación, ni presión ninguna a favor de alguna de las empresas concretas'.
Insiste que 'tampoco se les dio directriz ninguna para condicionar los requisitos que se debían establecer para la contratación de la suministración de plantas depuradoras y asistencias técnicas'.
La comisión, que nació de un acuerdo tomado por el pleno de la Corporación provincial, 'no aprecia ni ve constatable por ninguna parte, intervención o mediación alguna de órgano político de la Diputación provincial sobre la actuación de los técnicos', que, en las distintas fases y trámites del expediente de contratación, siguieron 'exclusivamente criterios y normas técnico-jurídicas'.
Así, concluye que 'no se determinan responsabilidades políticas ni administrativas, o de otro orden de los órganos políticos que autorizan el expediente de contratación' ni se determinan responsabilidades 'administrativas ni de otro tipo de los técnicos que intervienen en el expediente'.
Hasta el momento, la reapertura de este caso, investigado y archivado ya en 2008, ha supuesto de momento la imputación de un funcionario de la Diputación provincial.
Según las conclusiones de la comisión facilitadas por la institución provincial 'la denuncia-informe de la OLAF se sustenta sobre presunciones' que, puestas en contraste 'con las razones y fundamentos técnico-jurídicos de las alegaciones realizadas por la Diputación', no dejan otra salida que 'rechazar' el informe de la oficina europea.
La comisión recuerda que llamó a los funcionarios que participaron en las distintas fases y tramitaciones seguidos para la redacción y contratación de los citados proyectos y 'cada uno de ellos manifestó que en ningún momento de su intervención y actuación recibieron indicación, ni presión ninguna a favor de alguna de las empresas concretas'.
Insiste que 'tampoco se les dio directriz ninguna para condicionar los requisitos que se debían establecer para la contratación de la suministración de plantas depuradoras y asistencias técnicas'.
La comisión, que nació de un acuerdo tomado por el pleno de la Corporación provincial, 'no aprecia ni ve constatable por ninguna parte, intervención o mediación alguna de órgano político de la Diputación provincial sobre la actuación de los técnicos', que, en las distintas fases y trámites del expediente de contratación, siguieron 'exclusivamente criterios y normas técnico-jurídicas'.
Así, concluye que 'no se determinan responsabilidades políticas ni administrativas, o de otro orden de los órganos políticos que autorizan el expediente de contratación' ni se determinan responsabilidades 'administrativas ni de otro tipo de los técnicos que intervienen en el expediente'.
Hasta el momento, la reapertura de este caso, investigado y archivado ya en 2008, ha supuesto de momento la imputación de un funcionario de la Diputación provincial.
