El PP de Ourense ha solicitado a la Xunta de Galicia la apertura de 'una investigación' del servicio de Axuda no Fogar, que gestiona el Ayuntamiento de Ourense, ante las presuntas 'deficiencias detectadas' en el mismo.
En dicho escrito, los populares solicitan 'el inicio de las acciones oportunas y reposición de la legalidad administrativa', por presuntos 'incumplimientos detectados' en el servicio, a partir del año 2011.
Así lo indicó hoy el portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, en una rueda de prensa ofrecida junto al concejal de Bienestar, Miguel Abad, para hablar de la actual situación en el servicio de ayuda.
En su exposición, Fernández denuncia que en 22 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento adjudicó el servicio de Axuda no Fogar, a pesar de carecer de autorización administrativa para el inicio de actividades del programa, según establece el decreto 143/2007, del 12 de julio.
Además, advirtió de que no se modificó la ordenanza municipal reguladora para adaptarla a la normativa autonómica y que la póliza de responsabilidad civil presentada ante la Consellería de Traballo e Benestar estaba caducada a 1 de julio de 2011.
'Con estos antecedentes, y siempre bajo la premisa de agotar todas las vías para poner freno a este cúmulo de despropósitos, nos hemos visto en la obligación de presentar un escrito ante la Xunta de Galicia', indicó el portavoz popular, quien censuró las trabas por parte del grupo de gobierno a la hora de acceder a la información.
Así lo indicó hoy el portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, en una rueda de prensa ofrecida junto al concejal de Bienestar, Miguel Abad, para hablar de la actual situación en el servicio de ayuda.
En su exposición, Fernández denuncia que en 22 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento adjudicó el servicio de Axuda no Fogar, a pesar de carecer de autorización administrativa para el inicio de actividades del programa, según establece el decreto 143/2007, del 12 de julio.
Además, advirtió de que no se modificó la ordenanza municipal reguladora para adaptarla a la normativa autonómica y que la póliza de responsabilidad civil presentada ante la Consellería de Traballo e Benestar estaba caducada a 1 de julio de 2011.
'Con estos antecedentes, y siempre bajo la premisa de agotar todas las vías para poner freno a este cúmulo de despropósitos, nos hemos visto en la obligación de presentar un escrito ante la Xunta de Galicia', indicó el portavoz popular, quien censuró las trabas por parte del grupo de gobierno a la hora de acceder a la información.
