La investigación abierta por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a la Diputación por la posible gestión irregular de plantas de tratamiento de residuos en municipios rurales entre 2002 y 2005 (planes Daredo y Deputrans) ha dado un giro político, al situar a l Gobierno gallego en el objetivo de las críticas políticas: el actual delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, era vicepresidente de la institución provincial en aquella tramitación y es ya el segundo caso de presunta mala gestión de fondos europeos en el que está inmerso.
Por ello, la diputada socialista Laura Seara ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 'máxima celeridad' para 'aclarar lo sucedido y que se depuren responsabilidades de forma urgente' en la Diputación. Seara recordó que, en efecto, se trata del 'segundo caso de mal uso de fondos europeos en la provincia' en el que aparece el nombre de Rogelio Martínez, su delegado territorial.
Seara recuerda que Martínez está imputado en otro proceso por los presuntos delitos de malversación y falsificación de documento público en el caso de la construcción de una planta de biomasa . Por ello, ha insistido en 'la obligación de Feijóo de tomar cartas' en un asunto que ha calificado como 'muy grave'.
La diputada ha pedido al PP que apoye la comisión de investigación pedida por el Grupo Socialista en la Diputación ourensana, que ya fue rechazada, porque 'sería un buen ejemplo de transparencia', algo 'necesario para tener credibilidad ante los ciudadanos'. A su juicio, 'Feijóo no puede esconderse cada vez que aparece un caso', ya que considera 'inadmisible' que el presidente 'diese la callada por respuesta' cuando trascendió que Rogelio Martínez sería 'juzgado por un caso similar' y que ahora 'vuelva a hacerlo de nuevo'.
Feijóo habló escuetamente ayer de la investigación a la Diputación para precisar, como dijo ya en el otro proceso que afecta a Martínez, que hay que esperar a que finalice la investigación y, cuando esto ocurra, 'cada uno tendrá que asumir las responsabilidades que le corresponda'.
También ayer se pronunció el grupo provincial del BNG, formación que preguntó en Bruselas por este asunto, para solicitar al presidente de la institución, Manuel Baltar, que convoque 'de urxencia' a los grupos de la oposición para analizar la situación. Los nacionalistas recuerdan que la Comisión Europea 'so incoa expediente cando existen indicios suficientemente fundados de que se teñen cometido actos de fraude, corrupción ou outros ilegais que afectan aos intereses financeiros da Unión Europea'.
La OLAF investiga irregularidades en la tramitación del Plan Daredo, de construcción de 38 minidepuradoras con una ayuda europea de 2.320.000 euros entre 2002 y 2004; y la gestión del Plan Deputrans, entre los años 2004 y 2005, también para la implantación de 16 plantas de aguas residuales, con cargo a una subvención europea de 1,4 millones de euros.
Seara recuerda que Martínez está imputado en otro proceso por los presuntos delitos de malversación y falsificación de documento público en el caso de la construcción de una planta de biomasa . Por ello, ha insistido en 'la obligación de Feijóo de tomar cartas' en un asunto que ha calificado como 'muy grave'.
La diputada ha pedido al PP que apoye la comisión de investigación pedida por el Grupo Socialista en la Diputación ourensana, que ya fue rechazada, porque 'sería un buen ejemplo de transparencia', algo 'necesario para tener credibilidad ante los ciudadanos'. A su juicio, 'Feijóo no puede esconderse cada vez que aparece un caso', ya que considera 'inadmisible' que el presidente 'diese la callada por respuesta' cuando trascendió que Rogelio Martínez sería 'juzgado por un caso similar' y que ahora 'vuelva a hacerlo de nuevo'.
Feijóo habló escuetamente ayer de la investigación a la Diputación para precisar, como dijo ya en el otro proceso que afecta a Martínez, que hay que esperar a que finalice la investigación y, cuando esto ocurra, 'cada uno tendrá que asumir las responsabilidades que le corresponda'.
También ayer se pronunció el grupo provincial del BNG, formación que preguntó en Bruselas por este asunto, para solicitar al presidente de la institución, Manuel Baltar, que convoque 'de urxencia' a los grupos de la oposición para analizar la situación. Los nacionalistas recuerdan que la Comisión Europea 'so incoa expediente cando existen indicios suficientemente fundados de que se teñen cometido actos de fraude, corrupción ou outros ilegais que afectan aos intereses financeiros da Unión Europea'.
La OLAF investiga irregularidades en la tramitación del Plan Daredo, de construcción de 38 minidepuradoras con una ayuda europea de 2.320.000 euros entre 2002 y 2004; y la gestión del Plan Deputrans, entre los años 2004 y 2005, también para la implantación de 16 plantas de aguas residuales, con cargo a una subvención europea de 1,4 millones de euros.
