El soterramiento del cableado eléctrico en el barrio de Covadonga enfrentó ayer al PP municipal con el grupo de gobierno socialista, en la ciudad. Ocurre que éste renunció a una subvención de la Consellería de Economía para ese fin, alegando la imposibilidad de adjudicar la obra por los plazos tan breves de tiempo que daba la Xunta, algo que los populares niegan.
El portavoz del PP, Rosendo Fernández, compareció en el barrio para criticar un hecho 'imperdonable' en la zona 'con máis necesidades da cidade'. Según Fernández, el Concello de Ourense rechazó la ayuda de 141.693,03 euros, pese a que sólo tenía que aportar de sus propios fondos algo más de 30.000 euros; todo ello pese a que tenía de plazo desde el pasado 2 de octubre -cuando fue concedida la subvención- hasta el 15 de diciembre. Además, explicó que cuando el Concello de Ourense había solicitado esta ayuda, el pasado 14 de julio, 'xa coñecía cales eran os prazos de xustificación'.
Fernández cree que 'estamos ante unha deixadez de funcións, polo que pido ó goberno municipal que se faga responsable de que o barrio de Covadonga precisa o soterramento do cableado' y asuma ahora la obra con fondos propios íntegramente. Ha precisado Rosendo Fernández que la subvención destinada a este barrio fue a parar a otros concellos que estaban en lista de espera, ya que 'dos 16 que optaban, tan só dous renunciaron, entre eles o de Ourense'.
Ante estas afirmaciones, la portavoz del gobierno ourensano, Áurea Soto -que habló poco antes de que el alcalde se desplazase personalmente al barrio para hablar con los vecinos-, acusó a los populares de ser un ejemplo de 'mala fe política' por 'tergiversar' la renuncia a la subvención, que fue concedida con unos plazos 'que a convertían en inexecutable matematicamente por imposibilidade dos prazos'. El gobierno local aportó un documento técnico con firmado por el funcionario el pasado 19 de octubre, que argumenta esta imposibilidad, ya que la Xunta concedió la ayuda el 2 de octubre y dio de plazo hasta el 15 de diciembre para presentar la documentación justificativa, es decir, contratar las obras, ejecutarlas, pagarlas y pedir el cobro de la ayuda. Y la contratación de una obra por importe de 141.693,03 euros 'require un procedemento negociado de adxudicación, por un prazo de dous meses para cumprir co establecido na Lei de Contratos del Sector Público'.
Según la portavoz socialista del gobierno ourensano, la única posibilidad de la que disponía el Concello sería haber adjudicado las obras 'de forma directa a unha empresa, sen realizar ningún procedemento de contratación, o cal sería ilegal'.
Fernández cree que 'estamos ante unha deixadez de funcións, polo que pido ó goberno municipal que se faga responsable de que o barrio de Covadonga precisa o soterramento do cableado' y asuma ahora la obra con fondos propios íntegramente. Ha precisado Rosendo Fernández que la subvención destinada a este barrio fue a parar a otros concellos que estaban en lista de espera, ya que 'dos 16 que optaban, tan só dous renunciaron, entre eles o de Ourense'.
Ante estas afirmaciones, la portavoz del gobierno ourensano, Áurea Soto -que habló poco antes de que el alcalde se desplazase personalmente al barrio para hablar con los vecinos-, acusó a los populares de ser un ejemplo de 'mala fe política' por 'tergiversar' la renuncia a la subvención, que fue concedida con unos plazos 'que a convertían en inexecutable matematicamente por imposibilidade dos prazos'. El gobierno local aportó un documento técnico con firmado por el funcionario el pasado 19 de octubre, que argumenta esta imposibilidad, ya que la Xunta concedió la ayuda el 2 de octubre y dio de plazo hasta el 15 de diciembre para presentar la documentación justificativa, es decir, contratar las obras, ejecutarlas, pagarlas y pedir el cobro de la ayuda. Y la contratación de una obra por importe de 141.693,03 euros 'require un procedemento negociado de adxudicación, por un prazo de dous meses para cumprir co establecido na Lei de Contratos del Sector Público'.
Según la portavoz socialista del gobierno ourensano, la única posibilidad de la que disponía el Concello sería haber adjudicado las obras 'de forma directa a unha empresa, sen realizar ningún procedemento de contratación, o cal sería ilegal'.
