El gobierno municipal estudiará una posible recalificación urbanística en el nuevo Plan Xeral de la ciudad para dar cobertura legal al edificio de Marcelo Macías amenazado de derribo después de que una sentencia judicial hubiese anulado la licencia. Así lo reconoció ayer la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, que, no obstante, no quiso aclarar cómo recoge el nuevo planeamiento -que se someterá a debate del pleno este viernes- este ámbito. Lo que sí dejó claro Soto es que la calle Marcelo Macías está consolidada con edificios de bajo y cuatro plantas, muy por debajo del inmueble afectado, de bajo y ocho plantas.
Con todo, y a pesar afirmar que se estudiará la recalificación del inmueble afectado, la concejala socialista también aseguró que, si esto ocurriese, ésta sería recurrida de nuevo y sería 'practicamente imposible defender que non obedece á finalidade de convertir o ilegal en legal'. Como consecuencia, dijo, podría llevar a una anulación judicial de esa nueva recalificación, 'poñendo en risco todo o novo planeamento'.
Así las cosas, el gobierno municipal ha recurrido la sentencia que afecta al edificio ante el Tribunal Superior de Xustiza. Aunque reconoció el derecho de los vecinos que recurrieron la licencia de este inmueble a defender sus intereses, Soto también mostró su apoyo a los residentes en el inmueble afectado, a los que dijo que 'intentaremos defender e tamén ás arcas municipais'. Y es que, en caso de que fuese firme el derribo del inmueble, el Concello tendría que hacer frente a responsabilidades patrimoniales al haber concedido en su día licencia de obra y ocupación.
Pero además de abordar el futuro al que se enfrenta este edificio amenazado de derribo, Soto dedicó buena parte de su comparecencia a hablar del pasado, principalmente para atribuir las responsabilidades de lo ocurrido al anterior gobierno del PP, que, a su juicio, realizó en este ámbito 'unha recalificación das máis esaxeradas do Plan Xeral de 2003'.
Así, en una zona que el planeamiento de 1986 -vigente en la actualidad tras la anulación del de 2003- recoge tres viviendas unifamiliares, la edificabilidad se multiplicó por 10 en el Plan Xeral de 2003, llegando a la situación de bajo más ocho plantas, frente a los cuatro pisos consolidados en esa vía. Según recordó Soto, fue en 2004 -con Manuel Cabezas de alcalde- cuando se concedió la licencia de obra al edificio, que fue recurrida en el Juzgado por vecinos que aspiraban a tener la misma edificabilidad. Cuatro años después, en 2008, el gobierno formado por PSOE y BNG concedió licencia de ocupación al edificio, una medida que según Soto era obligatoria porque 'a licencia de ocupación acredita obras realizadas. Non concedela sería prevaricar'. La nulidad del planeamiento de 2003 llevó a los recurrentes a solicitar la anulación de la licencia, dándole la razón, en primera instancia, la Justicia.
Así las cosas, el gobierno municipal ha recurrido la sentencia que afecta al edificio ante el Tribunal Superior de Xustiza. Aunque reconoció el derecho de los vecinos que recurrieron la licencia de este inmueble a defender sus intereses, Soto también mostró su apoyo a los residentes en el inmueble afectado, a los que dijo que 'intentaremos defender e tamén ás arcas municipais'. Y es que, en caso de que fuese firme el derribo del inmueble, el Concello tendría que hacer frente a responsabilidades patrimoniales al haber concedido en su día licencia de obra y ocupación.
Pero además de abordar el futuro al que se enfrenta este edificio amenazado de derribo, Soto dedicó buena parte de su comparecencia a hablar del pasado, principalmente para atribuir las responsabilidades de lo ocurrido al anterior gobierno del PP, que, a su juicio, realizó en este ámbito 'unha recalificación das máis esaxeradas do Plan Xeral de 2003'.
Así, en una zona que el planeamiento de 1986 -vigente en la actualidad tras la anulación del de 2003- recoge tres viviendas unifamiliares, la edificabilidad se multiplicó por 10 en el Plan Xeral de 2003, llegando a la situación de bajo más ocho plantas, frente a los cuatro pisos consolidados en esa vía. Según recordó Soto, fue en 2004 -con Manuel Cabezas de alcalde- cuando se concedió la licencia de obra al edificio, que fue recurrida en el Juzgado por vecinos que aspiraban a tener la misma edificabilidad. Cuatro años después, en 2008, el gobierno formado por PSOE y BNG concedió licencia de ocupación al edificio, una medida que según Soto era obligatoria porque 'a licencia de ocupación acredita obras realizadas. Non concedela sería prevaricar'. La nulidad del planeamiento de 2003 llevó a los recurrentes a solicitar la anulación de la licencia, dándole la razón, en primera instancia, la Justicia.
