Xosé Somoza, imputado por prevaricación administrativa, es el cuarto concejal nacionalista que dimite por un caso judicial. En el PSOE hay cuatro ediles, incluido el alcalde, con imputaciones
El hasta ayer portavoz municipal del BNG en el Concello de Ourense, Xosé Somoza, presentó ya la renuncia a su acta de concejal y al cargo que desempeñaba como líder del grupo, en dos escritos que entregó por Registro a primera hora de la tarde. En el pleno de mañana, viernes, ya no estará y su compañera Susana García, elegida ya cabeza de lista para las próximas elecciones municipales, asumirá la portavocía. Ayer, el portavoz nacional del Bloque, Xavier Vence, agradecía la renuncia del concejal; no así el alcalde socialista, Agustín Fernández, que respetó su decisión pero no comparte esa estrategia. Él mismo, recordó, ya fue imputado y desimputado por la denuncia de la Praza de San Antonio.
La salida de Somoza del Concello, por su imputación por prevaricación administrativa, no es asunto nuevo en esta agitada Corporación municipal, que entró en una escalada de conflicto cuando estalló la Operación Pokemon, obligando a dimitir al exalcalde, Francisco Rodríguez -imputado también en este caso de las asistencias externas- y a tres concejales del BNG, uno de ellos, Fernando Varela, todavía imputado en aquella causa. Isabel Pérez y Marta Arribas no lo están en ese caso pero dejaron el Concello tras la crisis de gobierno que generó el escándalo; ahora ya han comparecido como imputadas por la calle Bedoya, y cuatro compañeros de mandatos anteriores también lo están en ese y en varios casos.
De hecho, Somoza Medina, que en realidad ocupaba el cuarto lugar de la candidatura de 2011, es el cuarto edil nacionalista que abandona la Corporación desde septiembre de 2012.
En el lado socialista las imputaciones judiciales están también a la orden del día. Se salvan, de momento, el que será candidato a la alcaldía, Vázquez Barquero; la edil Juana Ageitos, la más reciente en tomar posesión, y los cinco concejales críticos. Pero hay otros cuatro ediles del gobierno local imputados en diversos casos, comenzando por el propio alcalde, Agustín Fernández, y siguiendo por Marga Martín o Ana Garrido. El ranking lo encabeza la edil de Urbanismo, Aurea Soto, que suma ya seis imputaciones, por prevaricación y malversación de fondos. En su caso, la estrategia no es renunciar al ser imputados, sino cuando se abra, si ocurre, juicio oral.
