Jefes de servicio y alcaldes precisaron que se firmaban más en enero porque había más dinero
Once jefes de servicio y departamento de la Diputación que testificaron ayer en la vista que juzga por prevaricación administrativa al expresidente de la institución, José Luis Baltar, aseguraron que en ningún momento el ahora acusado les pidió que solicitasen por escrito personal para sus servicios, pese a las reiteradas preguntas en este sentido del fiscal jefe (Florentino Delgado) y del abogado del grupo socialista (José Arcos), que intentaban demostrar que las solicitudes de trabajadores -casi todas firmadas el 12 de enero de 2010- fueron reclamadas por Baltar para justificar la contratación de las 104 personas por la que ahora está siendo juzgado. Todos afirmaron que el personal solicitado por ellos mismos, verbalmente primero y por escrito después, y siempre directamente al presidente de la Diputación porque eso era lo "habitual", era necesario e incluso urgente, para atender nuevos servicios y encargos -que diría Enrique Bande, director de la Biblioteca en 2010-, cubrir bajas -como detalló Carlos Castiñeiras, jefe de formación ese año- o planificar ya las vacaciones de verano de los chóferes -explicó Javier Bobe, jefe de aguas y medio ambiente-.
Algunos como Bobe, Cid Manzano (responsable del Pazo dos Deportes) o Francisco González (director del Centro Cultural de la Diputación) precisaron, además, que era normal que se produjesen más contratos durante el primero o los primeros meses del año, cuando se formalizaron los que ahora se cuestionan en el juicio, sobre todo porque había un nuevo presupuesto de la Diputación recién aprobado y, con él, disponibilidad económica para afrontarlos. Tanto ellos como el alcalde de Vilamarín, el popular Amador Vázquez, que testificó por la tarde, insistieron en ese detalle. Era a comienzos de año cuando lograban que Baltar Pumar les concediese más personal -Vázquez logró tres trabajadores- después de semanas y meses donde la contratación era imposible por falta de fondos.
Eso sí, los 11 responsables negaron haber intervenido en el proceso de selección del personal y dijeron desconocer la identidad de los contratados hasta que éstos llegaron a sus servicios para trabajar. Bobe y Cid Manzano, por ejemplo, sí reconocieron que Baltar les había mostrado algunos de los currículos de los aspirantes a un puesto, para pedirles su opinión, pero sin decidir nada del proceso de selección ni tampoco comprobar si ésta se exponía en el tablón de anuncios de la institución.
El juicio, al que ayer fallaron cuatro testigos, continúa esta mañana en la Audiencia.
