Las investigaciones de Traballo achacan el accidente laboral en el viaducto del AVE en Carballiño, en el que murió un operario y cuatro resultaron heridos, al incumplimiento de las normas de seguridad y sanciona a las empresas con 40.986 euros.
El informe de investigación realizado por el servicio de Seguridade e Saúde Laboral de la delegación provincial de Traballo señala que las empresas del AVE responsables de la construcción del viaducto del Arenteiro, en la localidad carballiñesa de Pol, no cumplieron las normas de seguridad exigidas por la legalidad vigente cuando se produjo el accidente el pasado siete de septiembre de 2007, que costó la vida al encargado de obras Manuel Domínguez, al mismo tiempo que resultaron heridos otros cuatro trabajadores cuando se vino abajo la construcción.
Los inspectores consideran que se trata de una infracción muy grave, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y, en consecuencia, proponen la imposición de una sanción por importe total de 40.986 euros para las dos empresas que conforman la UTE: FCC Construcción, SA y Comsa SA, además de la holandesa BBR encargada de la tecnología de las obras.
El informe se centra fundamentalmente en dos aspectos relativos al cumplimiento de las normas de seguridad, concluyendo que el siniestro se produjo por el fallo sucesivo de los dos sistemas independientes de control del movimiento del tablero del viaducto. Por un lado, el del equipo de empuje-retenida que provocó la rotura de los cables y, por otro, el de activación de la parada de emergencia, cuya pinza de freno debería estar en posición automática para que se produjera un bloqueo instantáneo y estaba siendo activada manualmente desde el pupitre de mando. Asimismo, el informe considera que el origen del fallo en el equipo de empuje y retenida se debió al envío de órdenes inadecuadas desde el ordenador de mando, ya fuese por error humano o por un fallo en las instalación del sistema.
Las empresas no adoptaron las medidas preventivas aplicables a las condiciones del trabajo en ejecución y con tal motivo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha solicitado de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social que se declare la existencia de relación de causalidad entre las lesiones sufridas por los trabajadores y la infracción en materia de seguridad y salud laboral.
Este informe constituye una prueba más en el proceso judicial abierto en el Juzgado de Carballiño, en el que se han personado la viuda del fallecido, uno de los trabajadores heridos y la Confederación Intersindical Galega (CIG).
Los inspectores consideran que se trata de una infracción muy grave, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y, en consecuencia, proponen la imposición de una sanción por importe total de 40.986 euros para las dos empresas que conforman la UTE: FCC Construcción, SA y Comsa SA, además de la holandesa BBR encargada de la tecnología de las obras.
El informe se centra fundamentalmente en dos aspectos relativos al cumplimiento de las normas de seguridad, concluyendo que el siniestro se produjo por el fallo sucesivo de los dos sistemas independientes de control del movimiento del tablero del viaducto. Por un lado, el del equipo de empuje-retenida que provocó la rotura de los cables y, por otro, el de activación de la parada de emergencia, cuya pinza de freno debería estar en posición automática para que se produjera un bloqueo instantáneo y estaba siendo activada manualmente desde el pupitre de mando. Asimismo, el informe considera que el origen del fallo en el equipo de empuje y retenida se debió al envío de órdenes inadecuadas desde el ordenador de mando, ya fuese por error humano o por un fallo en las instalación del sistema.
Las empresas no adoptaron las medidas preventivas aplicables a las condiciones del trabajo en ejecución y con tal motivo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha solicitado de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social que se declare la existencia de relación de causalidad entre las lesiones sufridas por los trabajadores y la infracción en materia de seguridad y salud laboral.
Este informe constituye una prueba más en el proceso judicial abierto en el Juzgado de Carballiño, en el que se han personado la viuda del fallecido, uno de los trabajadores heridos y la Confederación Intersindical Galega (CIG).
