El rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, se mostró ayer en el Claustro dispuesto a 'encabezar las movilizaciones' contra el recorte salarial del 5% impuesto por la Xunta a los trabajadores y propuso medidas concretas como pedir que queden exentos los que cobren 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (967 euros), situación de muchos investigadores contratados con cargo a proyectos.
Mato apeló en todo momento a la necesidad de cumplir la norma para ofrecer seguridad jurídica a la plantilla y evitar 'una posible intervención'. Sin embargo, dijo que trabajará para poner de manifiesto las 'contradicciones' del Gobierno gallego y examinar la legalidad de las medidas de recorte. También intentará cambiar la Ley de Presupuestos de la Xunta para 2014 y ahí lamentó que los partidos de la oposición en el Parlamento no tuviesen un discurso alternativo a las cuentas de Feijóo aprobadas el 27 de febrero de este año.
Otro compromiso adquirido en el Claustro fue sentarse a dialogar con representantes del personal ('no de cuestiones técnicas, para eso está el gerente, sino políticas'), tras reconocer que faltó comunicación, como le criticaron.
Los tambores de guerra sonaron en la asamblea, que cumplió su función como foro de debate y tras el que parece haber unidad de acción frente a un recorte que consideran injusto e incluso ilegítimo.
RECORTES
La Xunta obligó a recortar este año más de 4 millones de euros en el capítulo de Personal y detrae la cantidad correspondiente desde enero, pero se aplicará más tarde que en otras administraciones públicas gallegas porque fue necesario que la Consellería de Facenda interpretase la norma ante la complejidad de las plantillas. En el Claustro hubo críticas al rector por no protestar ya desde enero (explicó que sí lo dijo en público y que intentó promover cambios), pero los sindicatos también hicieron autocrítica al reconocer que en manifestaciones convocadas en febrero solo había 4 personas en la pancarta porque 'a la gente no le iba aún al bolsillo'.
Durante la sesión, en la que quedó claro el profundo malestar de la comunidad universitaria, al menos dos sindicatos anunciaron recursos judiciales contra la norma.
El primero en intervenir fue el profesor Pedro Pablo Gallego, como portavoz de la Asociación General de Profesores Titulares de la Universidad, para quien el recorte salarial forma parte de las condiciones del rescate a España. Sus críticas fueron para la rebaja del complemento de productividad que supone 'castigar al PDI que más trabaja' y dijo que 'el café para todos' genera desafección e injusticia, y va contra la filosofía de la Universidad de Vigo.
Le siguieron representantes del PAS funcionario (personal de administración y servicios), que rechazan los descuentos en la antigüedad, que daña a los trabajadores y para la Universidad supone solo 22.000 euros. Uno de los más duros fue Sergio Pajares, quien consideró el comunicado de los rectores gallegos contra la rebaja salarial como un 'lavado de imagen' y recordó que con el exrector Domingo Docampo fletaron autobuses para protestar contra la LOU y no había descontado el sueldo en una huelga de cuatro horas.
El portavoz de Nova Universidade, Jaime Cabeza, expresó su total acuerdo con el comunicado de los rectores, pero criticó el 'silencio' de Mato hasta ahora y dijo que le gustaría que hubiese promovido un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de la Xunta, que considera un ataque frontal a la autonomía universitaria. En su opinión, la rebaja salarial debía pasar primero por el Consello de Goberno y por el Consello Social, y no descarta medidas judiciales 'si actúan por la vía de los hechos'.
Otro compromiso adquirido en el Claustro fue sentarse a dialogar con representantes del personal ('no de cuestiones técnicas, para eso está el gerente, sino políticas'), tras reconocer que faltó comunicación, como le criticaron.
Los tambores de guerra sonaron en la asamblea, que cumplió su función como foro de debate y tras el que parece haber unidad de acción frente a un recorte que consideran injusto e incluso ilegítimo.
RECORTES
La Xunta obligó a recortar este año más de 4 millones de euros en el capítulo de Personal y detrae la cantidad correspondiente desde enero, pero se aplicará más tarde que en otras administraciones públicas gallegas porque fue necesario que la Consellería de Facenda interpretase la norma ante la complejidad de las plantillas. En el Claustro hubo críticas al rector por no protestar ya desde enero (explicó que sí lo dijo en público y que intentó promover cambios), pero los sindicatos también hicieron autocrítica al reconocer que en manifestaciones convocadas en febrero solo había 4 personas en la pancarta porque 'a la gente no le iba aún al bolsillo'.
Durante la sesión, en la que quedó claro el profundo malestar de la comunidad universitaria, al menos dos sindicatos anunciaron recursos judiciales contra la norma.
El primero en intervenir fue el profesor Pedro Pablo Gallego, como portavoz de la Asociación General de Profesores Titulares de la Universidad, para quien el recorte salarial forma parte de las condiciones del rescate a España. Sus críticas fueron para la rebaja del complemento de productividad que supone 'castigar al PDI que más trabaja' y dijo que 'el café para todos' genera desafección e injusticia, y va contra la filosofía de la Universidad de Vigo.
Le siguieron representantes del PAS funcionario (personal de administración y servicios), que rechazan los descuentos en la antigüedad, que daña a los trabajadores y para la Universidad supone solo 22.000 euros. Uno de los más duros fue Sergio Pajares, quien consideró el comunicado de los rectores gallegos contra la rebaja salarial como un 'lavado de imagen' y recordó que con el exrector Domingo Docampo fletaron autobuses para protestar contra la LOU y no había descontado el sueldo en una huelga de cuatro horas.
El portavoz de Nova Universidade, Jaime Cabeza, expresó su total acuerdo con el comunicado de los rectores, pero criticó el 'silencio' de Mato hasta ahora y dijo que le gustaría que hubiese promovido un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de la Xunta, que considera un ataque frontal a la autonomía universitaria. En su opinión, la rebaja salarial debía pasar primero por el Consello de Goberno y por el Consello Social, y no descarta medidas judiciales 'si actúan por la vía de los hechos'.
