La atención de las comunidades autónomas a las personas dependientes no podrá mantenerse por los recortes en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Gobierno, según el Observatorio de la Dependencia, que alertó ayer del 'desmantelamiento' del plan parte del Gobierno.
En su X Dictamen, el observatorio analiza los últimos seis meses de aplicación de la ley y califica de 'especialmente preocupantes' aspectos como la financiación 'insuficiente' del sistema 'territorialmente injusto', el sobredimensionamiento de la prestación a cuidadores familiares y el limbo de la dependencia. 'Las comunidades autónomas, desde la deslealtad institucional que está haciendo el Gobierno con los recortes en dependencia, no pueden mantener siquiera la atención a la dependencia que están dando actualmente', sostuvo ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Ramírez señaló que el Estado pasó de cubrir el 39,2 por ciento de las facturas de los servicios en 2009 al 21,4 por ciento en 2012, y, que en 2013 bajará de este porcentaje por 'el recorte de 200 millones de euros' que llevará a cabo el Ejecutivo.
Según sus datos, 770.949 personas figuraban como beneficiarias del Sistema, pero aún 230.203 tenían reconocido el derecho a recibir las ayudas y no las habían recibido (el 23 por ciento del total).Para el Observatorio, esta cifra si bien representa un descenso respecto a periodos anteriores, supone 'un espejismo estadístico' por las bajas resultantes de la modificación del calendario de la ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta 2015, además de los fallecimientos que durante la espera se han producido.
15 MESES DE ESPERA
En cuanto al plazo medio desde que el dependiente entrega la solicitud de ayudas de la ley hasta que recibe el servicio se sitúa entorno a los 15 meses (tres para la valoración y doce para el acceso al servicio), si bien el Observatorio aclara que hay expedientes que pueden superar esos plazos, por lo que 'no es extraño' que se produzcan fallecimientos en ese periodo. Además, 101.000 personas están pendientes de ser valoradas y entrar en el sistema.
El Observatorio recuerda que el Consejo Territorial acordó en su día que la espera se acortase a los seis meses, que sería el límite legalmente admisible, por lo que resulta 'evidente' que los plazos se incumplen en muchos expedientes. También subraya el informe que en los últimos meses se ha producido una 'revisión brutal' adjudicando grados por debajo del obtenido a personas dependientes en su día con grados superiores.
En cuanto a la valoración de cumplimiento de las comunidades, tres de ellas destacan 'de manera notable' en lo que se refiere al desarrollo del Sistema. Así, Castilla y León es una vez más, la que con una puntuación de 9,2 se sitúa la primera de la lista, seguida de País Vasco, con 7,5 y de Andalucía, con una estimación del 7,1.
Ramírez señaló que el Estado pasó de cubrir el 39,2 por ciento de las facturas de los servicios en 2009 al 21,4 por ciento en 2012, y, que en 2013 bajará de este porcentaje por 'el recorte de 200 millones de euros' que llevará a cabo el Ejecutivo.
Según sus datos, 770.949 personas figuraban como beneficiarias del Sistema, pero aún 230.203 tenían reconocido el derecho a recibir las ayudas y no las habían recibido (el 23 por ciento del total).Para el Observatorio, esta cifra si bien representa un descenso respecto a periodos anteriores, supone 'un espejismo estadístico' por las bajas resultantes de la modificación del calendario de la ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta 2015, además de los fallecimientos que durante la espera se han producido.
15 MESES DE ESPERA
En cuanto al plazo medio desde que el dependiente entrega la solicitud de ayudas de la ley hasta que recibe el servicio se sitúa entorno a los 15 meses (tres para la valoración y doce para el acceso al servicio), si bien el Observatorio aclara que hay expedientes que pueden superar esos plazos, por lo que 'no es extraño' que se produzcan fallecimientos en ese periodo. Además, 101.000 personas están pendientes de ser valoradas y entrar en el sistema.
El Observatorio recuerda que el Consejo Territorial acordó en su día que la espera se acortase a los seis meses, que sería el límite legalmente admisible, por lo que resulta 'evidente' que los plazos se incumplen en muchos expedientes. También subraya el informe que en los últimos meses se ha producido una 'revisión brutal' adjudicando grados por debajo del obtenido a personas dependientes en su día con grados superiores.
En cuanto a la valoración de cumplimiento de las comunidades, tres de ellas destacan 'de manera notable' en lo que se refiere al desarrollo del Sistema. Así, Castilla y León es una vez más, la que con una puntuación de 9,2 se sitúa la primera de la lista, seguida de País Vasco, con 7,5 y de Andalucía, con una estimación del 7,1.
