El organismo fiscalizador considera que la exministra socialista infringió la normativa de subvenciones
El Tribunal de Cuentas detectó "deficiencias" e "incumplimientos" en la gestión de varias subvenciones al cine durante el año 2011, etapa de Ángeles González Sinde al frente del Ministerio de Cultura, según se desprende del informe de fiscalización del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) de ese año. El ICAA es un organismo autónomo, adscrito al citado ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Cultura. Entre sus fines se encuentra desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas; la proyección y promoción exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas; o la recuperación, restauración, conservación e investigación y difusión del patrimonio cinematográfico, entre otras.
Así, el ICAA convocó en aquel año 16 líneas de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, cuya finalidad consistía en el fomento, producción, distribución, conservación y promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual, así como el acceso al crédito y el empleo de nuevas tecnologías. Su importe ascendía a los 71,43 millones de euros y sus bases reguladoras presentaron "carencias" como "la omisión o la insuficiente definición" del objeto de subvencionable, o la existencia de inconsistencias entre el contenido de las bases reguladoras y el de las convocatorias.
Incorrecta aplicación
Asimismo, el órgano fiscalizador alerta de que en los procedimientos de selección y valoración analizados se ha constatado la "incorrecta aplicación" de los criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria.
En este contexto, también argumenta cómo en la solicitud, concesión y justificación de las subvenciones se infringieron "diversos" preceptos de la normativa reguladora de las subvenciones. Entre ellos, destaca la resolución de concesión de subvenciones y su notificación fuera de plazo, la ausencia de destrucción de la documentación técnica aportada (guiones o proyectos de películas) o la falta de la adopción de medidas que garantizasen su confidencialidad, la falta de justificación total o parcial de algunas subvenciones o incluso la inclusión de justificantes de gasto no subvencionables.
De forma más detallada, por ejemplo, en cuanto a las ayudas para el fomento de la realización de películas cinematográficas de largometraje, en régimen de coproducción internacional, el órgano fiscalizador advierte de que sus bases reguladoras no definieron el objeto de la subvención, vulnerando la Ley General de Subvenciones (LGS).
Al mismo tiempo, refleja que las bases reguladoras del resto de ayudas, a excepción de las destinadas al desarrollo de proyectos de películas cinematográficas de largometraje, definieron el objeto subvencionable de manera genérica, por lo que no se dio cumplimiento a lo previsto en la Ley de Subvenciones, cuando ésta establece que debe expresarse el objeto de la subvención.
Sin criterios de valoración
En el capítulo de las ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico, las bases reguladoras y la convocatoria no establecieron los criterios de valoración, requisitos "expresamente exigidos" en la mencionada LGS. A su vez, la institución auditora ha constatado una "incoherencia" entre la base reguladora de la línea de ayudas para la realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías y la convocatoria para 2011, al haberse establecido que el plazo para iniciar el rodaje empezaba a contar desde la percepción de la ayuda, mientras que en la convocatoria el computo señalado se iniciaba desde su aceptación. Por otra parte, en seis de las 15 ayudas analizadas, la resolución de la concesión de las convocatorias se dictó fuera del plazo dispuesto en las mismas.
