El Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de financiación de RTVE, que renuncia a la inclusión de publicidad y prevé aportaciones del Estado, de las televisiones comerciales y del sector de las telecomunicaciones.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que con este anteproyecto de ley culmina el proceso de reforma de los medios estatales y se deja claro su papel en el escenario audiovisual.
Una vez en vigor la ley, la Corporación RTVE se financiará con recursos públicos exclusivamente, gran parte por la aportación del Estado por sus obligaciones de servicio público.
El resto, se hará mediante la aportación de un 3 por ciento de los recursos de aquellos operadores que emitan en todo el Estado o en más de una comunidad autónoma y por los operadores de telecomunicaciones con un 0,9 por ciento.
Además, RTVE percibirá el 80 por ciento de lo recaudado por la tasa sobre reserva de dominio radioeléctrico, recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, y por el ejercicio de sus actividades y la comercialización de sus productos.
Los ingresos públicos solo servirán para financiar actividades de servicio público y no podrán ser utilizados para pujar con otros competidores por derechos de gran valor. Sólo se podrá utilizar el 10 por ciento para la adquisición de derechos deportivos, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y un 20 por ciento para invertir en cine español.
La vicepresidenta señaló que la ley que regula RTVE, que el Gobierno ha impulsado desde la pasada legislatura, ha permitido conseguir una RTVE independiente, mayoritaria y al servicio de los ciudadanos, sin control del Gobierno y saneada.
De la Vega recordó que en los dos últimos ejercicios ya se había reducido el tiempo de publicidad en TVE, una reducción, dijo, que iba a continuar produciéndose paulatinamente en los ejercicios futuros para dinamizar al sector audiovisual en su conjunto.
Recordó que así lo recogía el mandato marco de 2007, pero la caída sustancial del mercado publicitario puede poner en peligro la estabilidad financiera de TVE y su equilibrio presupuestario y por eso se ha tomado la decisión de suprimir la publicidad.
La ley, dijo la vicepresidenta, refuerza el carácter de servicio público y obliga a RTVE a dar cabida a los grupos políticos y sociales, a retransmisiones de los principales debates parlamentarios, programas infantiles y debates electorales.
También debe permitir el acceso de personas con discapacidad y el apoyo a la producción audiovisual europea.
Este anteproyecto de ley afianza el modelo de una RTVE pública mayoritaria, sostenible e independiente, que clarifica el panorama de la televisión en España, dijo De La Vega, y anunció que la futura Ley General Audiovisual vendrá a complementar esta tarea.
Este anteproyecto de ley se remitirá al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones y con él RTVE dará un paso decisivo para un sistema de financiación con su renuncia inmediata y definitiva a los ingresos publicitarios.
En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta aclaró que este sistema es similar a los que hay en otros países europeos y justificó las aportaciones de las televisiones comerciales y el sector de las telecomunicaciones.
Parece razonable -dijoque quienes vayan a obtener beneficios e ingresos derivados de esa utilización de lo audiovisual en sus negocios privados puedan contribuir a la financiación del servicio público en una parte.
Subrayó que el Gobierno respeta las opiniones de todo el mundo, también de los que mantienen posiciones divergentes, como los operadores, pero el Ejecutivo ha escuchado a todos los sectores y cada uno ha expresado su opinión porque se ha buscado la complicidad de todo el mundo.
Sobre la viabilidad de este modelo, dijo que la BBC tiene mucho éxito porque el éxito de la calidad no está relacionado con tener o no tener publicidad, sino con tener un modelo definido y contar con recursos suficientes para hacer una buena televisión.
Respecto a la posibilidad de que los ciudadanos acaben pagando la financiación, aseguró que el Gobierno velará por los derechos de los ciudadanos como lo hace por las empresas que se benefician de rebajas, puntualizó.
Además, en general, dijo, hablamos de empresas que tienen beneficios de miles de millones y si las hay con una situación difícil, el Gobierno lo contemplará, porque el sector de las telecomunicación es estratégico.
Una vez en vigor la ley, la Corporación RTVE se financiará con recursos públicos exclusivamente, gran parte por la aportación del Estado por sus obligaciones de servicio público.
El resto, se hará mediante la aportación de un 3 por ciento de los recursos de aquellos operadores que emitan en todo el Estado o en más de una comunidad autónoma y por los operadores de telecomunicaciones con un 0,9 por ciento.
Además, RTVE percibirá el 80 por ciento de lo recaudado por la tasa sobre reserva de dominio radioeléctrico, recogido en la Ley General de Telecomunicaciones, y por el ejercicio de sus actividades y la comercialización de sus productos.
Los ingresos públicos solo servirán para financiar actividades de servicio público y no podrán ser utilizados para pujar con otros competidores por derechos de gran valor. Sólo se podrá utilizar el 10 por ciento para la adquisición de derechos deportivos, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y un 20 por ciento para invertir en cine español.
La vicepresidenta señaló que la ley que regula RTVE, que el Gobierno ha impulsado desde la pasada legislatura, ha permitido conseguir una RTVE independiente, mayoritaria y al servicio de los ciudadanos, sin control del Gobierno y saneada.
De la Vega recordó que en los dos últimos ejercicios ya se había reducido el tiempo de publicidad en TVE, una reducción, dijo, que iba a continuar produciéndose paulatinamente en los ejercicios futuros para dinamizar al sector audiovisual en su conjunto.
Recordó que así lo recogía el mandato marco de 2007, pero la caída sustancial del mercado publicitario puede poner en peligro la estabilidad financiera de TVE y su equilibrio presupuestario y por eso se ha tomado la decisión de suprimir la publicidad.
La ley, dijo la vicepresidenta, refuerza el carácter de servicio público y obliga a RTVE a dar cabida a los grupos políticos y sociales, a retransmisiones de los principales debates parlamentarios, programas infantiles y debates electorales.
También debe permitir el acceso de personas con discapacidad y el apoyo a la producción audiovisual europea.
Este anteproyecto de ley afianza el modelo de una RTVE pública mayoritaria, sostenible e independiente, que clarifica el panorama de la televisión en España, dijo De La Vega, y anunció que la futura Ley General Audiovisual vendrá a complementar esta tarea.
Este anteproyecto de ley se remitirá al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones y con él RTVE dará un paso decisivo para un sistema de financiación con su renuncia inmediata y definitiva a los ingresos publicitarios.
En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta aclaró que este sistema es similar a los que hay en otros países europeos y justificó las aportaciones de las televisiones comerciales y el sector de las telecomunicaciones.
Parece razonable -dijoque quienes vayan a obtener beneficios e ingresos derivados de esa utilización de lo audiovisual en sus negocios privados puedan contribuir a la financiación del servicio público en una parte.
Subrayó que el Gobierno respeta las opiniones de todo el mundo, también de los que mantienen posiciones divergentes, como los operadores, pero el Ejecutivo ha escuchado a todos los sectores y cada uno ha expresado su opinión porque se ha buscado la complicidad de todo el mundo.
Sobre la viabilidad de este modelo, dijo que la BBC tiene mucho éxito porque el éxito de la calidad no está relacionado con tener o no tener publicidad, sino con tener un modelo definido y contar con recursos suficientes para hacer una buena televisión.
Respecto a la posibilidad de que los ciudadanos acaben pagando la financiación, aseguró que el Gobierno velará por los derechos de los ciudadanos como lo hace por las empresas que se benefician de rebajas, puntualizó.
Además, en general, dijo, hablamos de empresas que tienen beneficios de miles de millones y si las hay con una situación difícil, el Gobierno lo contemplará, porque el sector de las telecomunicación es estratégico.
