El Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, conocida como Ley de Muerte Digna, impulsada por el Ministerio de Sanidad y que fue remitido a Las Cortes.
Los objetivos fundamentales de esta iniciativa, según la referencia del Consejo de Ministros, son asegurar la protección de la dignidad de los enfermos que se encuentran en fase terminal o de agonía y garantizar, en esos momentos, el pleno respeto de su libre voluntad sobre los tratamientos que tengan que recibir. A su vez, el cumplimiento de lo que decida el paciente sobre esta cuestión excluirá cualquier exigencia de responsabilidad de los profesionales sanitarios.
La ley prevé, además, que los comités de ética asistencial existentes en los centros sanitarios puedan acordar diversos protocolos de actuación. Así, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente y evitará la adopción o mantenimiento de intervenciones de soporte vital carentes de utilidad clínica sin menoscabo del bienestar del afectado. La adecuación del esfuerzo terapéutico requerirá del juicio coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención sanitaria y se adoptará tras informar al paciente o a su representante, y teniendo en cuenta su voluntad y el criterio profesional del personal de enfermería responsable de los cuidados.
En la norma se recogen otros derechos como el de recibir cuidados paliativos, incluida la sedación para no sufrir dolor, y a que se preserve la intimidad del hospitalizado y la de su familia. El enfermo podrá estar acompañado y se le permitirá recibir el auxilio espiritual que solicite y, al menos, la fase de agonía podrá pasarla en una habitación de uso individual.
Con respecto a este proyecto de ley, la asociación Profesionales por la Ética pidió suprimir el derecho a la sedación, garantizar la buena práctica médica y cerrar la puerta a la eutanasia Así, solicitará a los grupos parlamentarios la supresión de 3 artículos del Proyecto de Ley. En concreto, se refiere en primer lugar al artículo 11, en el que se establece que los pacientes tienen derecho a recibir la atención y tratamientos que prevengan y alivien el dolor al final de la vida, incluyendo el derecho a la sedación paliativa.
Igualmente, el Artículo 15 que, según explica, obliga a los profesionales sanitarios a cumplir la voluntad del paciente por encima de cualquier otro criterio. De hecho, señala que el proyecto de Ley prevé que, cumpliendo la voluntad del paciente, podrá actuar contra la correcta actuación profesional porque exime a los médicos de cualquier responsabilidad.
Del mismo modo, propone suprimir la disposición final primera del Proyecto ya que, a su juicio, este apartado anula de hecho el artículo de la Ley de Autonomía del Paciente en el que se afirmaba que no serían aplicadas las instrucciones previas (el llamado testamento vital) que fueran contrarias al ordenamiento jurídico y a la buena práctica médica.
La ley prevé, además, que los comités de ética asistencial existentes en los centros sanitarios puedan acordar diversos protocolos de actuación. Así, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente y evitará la adopción o mantenimiento de intervenciones de soporte vital carentes de utilidad clínica sin menoscabo del bienestar del afectado. La adecuación del esfuerzo terapéutico requerirá del juicio coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención sanitaria y se adoptará tras informar al paciente o a su representante, y teniendo en cuenta su voluntad y el criterio profesional del personal de enfermería responsable de los cuidados.
En la norma se recogen otros derechos como el de recibir cuidados paliativos, incluida la sedación para no sufrir dolor, y a que se preserve la intimidad del hospitalizado y la de su familia. El enfermo podrá estar acompañado y se le permitirá recibir el auxilio espiritual que solicite y, al menos, la fase de agonía podrá pasarla en una habitación de uso individual.
Con respecto a este proyecto de ley, la asociación Profesionales por la Ética pidió suprimir el derecho a la sedación, garantizar la buena práctica médica y cerrar la puerta a la eutanasia Así, solicitará a los grupos parlamentarios la supresión de 3 artículos del Proyecto de Ley. En concreto, se refiere en primer lugar al artículo 11, en el que se establece que los pacientes tienen derecho a recibir la atención y tratamientos que prevengan y alivien el dolor al final de la vida, incluyendo el derecho a la sedación paliativa.
Igualmente, el Artículo 15 que, según explica, obliga a los profesionales sanitarios a cumplir la voluntad del paciente por encima de cualquier otro criterio. De hecho, señala que el proyecto de Ley prevé que, cumpliendo la voluntad del paciente, podrá actuar contra la correcta actuación profesional porque exime a los médicos de cualquier responsabilidad.
Del mismo modo, propone suprimir la disposición final primera del Proyecto ya que, a su juicio, este apartado anula de hecho el artículo de la Ley de Autonomía del Paciente en el que se afirmaba que no serían aplicadas las instrucciones previas (el llamado testamento vital) que fueran contrarias al ordenamiento jurídico y a la buena práctica médica.
