Dos empresas presentaron ofertas para hacerse con el servicio público de ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos en la vía pública (ORA) de O Barco, que incluye el de la grúa municipal.
La documentación fue revisada ayer, en la primera reunión de la mesa de contratación. Asistieron el alcalde socialista y los técnicos, pero faltó el concejal de la oposición popular. 'Dijimos que no formaríamos parte del proceso ilegal desde el principio. Además, en el último pleno, atribuyeron más competencias a la Junta de Gobierno para evitar que algunos trámites pasaran por el pleno', dijo el edil del PP, Arsenio Moldes Gómez.
El concejal de la oposición insistió en la respuesta del fiscal a la denuncia que presentó su grupo por entender irregular que el servicio fuese cubierto por la adjudicataria, Dornier SA, a pesar de que el contrato venció en 2009. 'Aunque el fiscal dijo que no apreciaba delito de tipo penal, especificó con toda claridad la ausencia de legalidad', dijo Arsenio Moldes.
El alcalde, que en reiteradas ocasiones atribuyó el retraso de la convocatoria del nuevo concurso de la ORA a la falta de personal y que en todo momento afirmó que todas las contrataciones pasan por la mesa de contratación, aseguró ayer que la oposición popular también fue invitada. 'Los citamos, pero solo estuvimos los técnicos y yo', dijo Alfredo García.
En referencia a las ofertas presentadas, Alfredo García, explicó que una de ellas fue presentada por la actual adjudicataria, entregando la otra una empresa madrileña de ámbito estatal. En todo caso, uno de los dos sobres con las propuestas no incluyó toda la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas, por lo que la empresa dispondrá de un plazo de tres días para completarla. Los planes municipales prevén adjudicar el servicio en abril, eso si no vuelve a declararse desierto por los defectos de las ofertas, como sucedió en 2013.
Un servicio valorado en 831.000 euros
El pliego de cláusulas administrativos fechado en el 28 de octubre de 2013 estimó el valor del servicio contratado en 831.044 euros. Sin embargo, explica que el concurso no se resolverá en función del valor estimado y que será un estudio económico el que determine cuál de las dos ofertas es la más beneficiosa para el Concello.
La adjudicación del servicio será por un periodo de cinco años, periodo considerado suficiente para dar por amortizados todos los bienes aportados, que pasarán a ser del Concello. No obstante, la adjudicación podrá prorrogarse por otros dos ejercicios. El canon que la empresa deberá entregar el Concello podrá variar entre un 30 % y un 70 %, en función de las ofertas. A su vez, podrá solicitar medidas extraordinarias de reequilibrio si hay pérdidas y superan el 10 % del precio del contrato.
