Una de las novedades de la presente campaña electoral es la retransmisión en streaming a través de internet de debates de los responsables sectoriales, que son tan clarificadores como los que mantienen los líderes. Los portavoces de los asuntos económicos debatieron ayer en público en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica, como preludio al que mantuvieron por la noche los líderes de tres de los principales partidos y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por delegación de Mariano Rajoy.
Se abordaron todas y cada una de las cuestiones que afectan a la marcha económica del país, desde la reforma laboral y la creación de empleo a la subida o bajada de impuestos, las pensiones, la financiación autonómica, cada uno defendiendo sus propuestas estrella. La del contrato único y la bajada de impuestos por parte de Ciudadanos; la de subir los impuestos a grandes empresas y derogar la reforma laboral en su totalidad por parte del PSOE; reformar todo lo reformable por parte de Podemos, y mantener todas las reformas realizadas según el Partido Popular. Todos quieren regular definitivamente la financiación autonómica y todos consideran que con sus medidas de lucha contra el fraude se podrá recaudar más con el fin de gastar mejor.
Es en las propuestas económicas donde se tiene la sensación de que los partidos realizan más brindis al sol, donde se hace más evidente que el papel lo aguanta todo, porque todos ellos vaticinan la llegada del mejor mundo posible en creación y calidad del empleo, y en prestación de servicios con la vista puesta en las economías más desarrolladas del mundo, con los países nórdicos como paradigma. Y sin embargo ninguno de los partidos se ha explayado en explicar cómo pretende romper el corsé europeo y cumplir o salvar los compromisos impuestos por Bruselas, acompañados de nuevas demandas que van en dirección contraria a sus propuestas y que son un torpedo a la línea de flotación de cada uno de sus programas económicos. La Comisión Europea quiere que se dé una vuelta de tuerca a la reforma laboral y que se apliquen nuevos recortes para cumplir con las previsiones de déficit.
La advertencia de Bruselas es que el esfuerzo fiscal “se queda corto”, y ya se sabe lo que quiere decir. Si el PP gana las elecciones gobierno ya no podrá recurrir a la herencia recibida. ¿Será entonces 2016 un año de incumplimientos como lo fue 2012 y se volverán a subir impuestos y a reducir servicios públicos? ¿Y tras la experiencia griega, cómo pretenden los partidos de izquierdas convencer a Bruselas de los beneficios de derogar la reforma laboral, cuando insiste en endurecerla aún más, o de que facilite más tiempo para que se pueda cumplir con el plan de estabilidad si se ponen en solfa sus propuestas?
La economía española ha tenido un crecimiento del PIB notable pero se ha frenado en los últimos meses –todas las previsiones internacionales incluyen un crecimiento menor en 2016 que en 2015-, y a eso se suman las advertencias de Bruselas sobre los desequilibrios económicos de España más paro, deuda pública elevadísima, dudas sobre el déficit, que debieran tenerse en cuenta a la hora de depositar el voto tanto como la lucha contra la corrupción, la reforma constitucional o el expediente catalán. Al fin y al cabo, es la economía, la madre del cordero de todo lo demás.
