La votación en el pleno del Congreso del real decreto de liberalización de la estiba que no ha sido convalidado ha puesto de manifiesto la debilidad del Gobierno cuando no logra alcanzar acuerdos con los grupos parlamentarios que le apoyan habitualmente, y no suma a aquellos a los que necesita para completar la mayoría suficiente que le permita sacar adelante sus proyectos.
El Gobierno se ha precipitado al llevar a votación un texto sin tener los votos necesarios y no haber agotado hasta el último minuto las posibilidades de negociación tanto en una mesa tripartita con las empresas y los sindicatos de estibadores, como con los partidos políticos. Si, próximamente, y a la vista de la vuelta del Ejecutivo a la mesa de negociación el pasado miércoles, se alcanza un acuerdo distinto a la norma votada, se demostrará que, en efecto, había margen de maniobra y que bastaba con ceñirse a los términos de la sentencia europea que dictaminaba la liberalización de la estiba.
Se trata de un asunto en el que existe un acuerdo básico acerca de la necesidad de su reforma, pero no sobre la forma de llevarlo a cabo. En el reparto de responsabilidades acerca de la falta de acuerdo entre la partes, muchos partidos, incluidos Ciudadanos y CC, le han echado en cara al gobierno un esfuerzo negociador insuficiente, lo que les ha permitido rechazar la reiterada idea del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, de culparlos de la multa de 134.000 euros diarios que puede imponer Bruselas por el incumplimiento de la decisión judicial. Un dinero que saldría del bolsillo de todos los españoles. Pero ¿quién va a pagar las prejubilaciones propuestas por el Gobierno en el último minuto? El dinero acabaría saliendo del mismo lugar.
Así, la pregunta es por qué se ha expuesto el Gobierno de Mariano Rajoy a sufrir una derrota histórica que solo se había producido en sentido estricto, una sola vez desde la restauración democrática, y si ha respondido a la bisoñez del ministro de la cosa, o es un argumento más para justificar un adelanto electoral ante la dificultad para sacar adelante sus proyectos legislativos.
La reforma de la estiba es necesaria para acabar con un anacronismo como el monopolio de la sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y liberalizar el mercado. Pero una vez más la propuesta es unidireccional y lo que trata es de recortar derechos y sobre todo sueldos de un grupo de trabajadores muy bien remunerados, cuya devaluación salarial iría a engrosar los beneficios de unas empresas que se oponen a la subrogación de sus condiciones de trabajo para aumentar sus márgenes de beneficio, bajo la amenaza de deslocalizar su actividad.
Sin duda se trata de un sector estratégico para la economía nacional, y si sus trabajadores han podido mantener sus privilegios en medio de la crisis o se han visto favorecidos por ella, lo mismo que las empresas estibadoras, ha sido porque el sector exportador ha tirado de la economía.
Tras el varapalo al Gobierno se abre una nueva fase negociadora. Los sindicatos han desconvocado las jornadas de huelga previstas y para la próxima semana está convocada una nueva sesión de negociaciones. De las tres partes es la responsabilidad de alcanzar un acuerdo ponderado del que se obtengan beneficios para todos. La obligación del ministro de Fomento es favorecerlo o asumir su responsabilidad.
