Resulta particularmente insólito que el mismo sujeto que afirmaba desde la tribuna del Congreso que su vida pública estaba regida por sus principios, y luego, con relación a entenderse con Bildu que “no es no y nunca es nunca”, idea remachada por su compañera Carmen Calvo, en el sentido que pactar con los herederos de ETA era una línea roja intraspasable, y añadir “y los socialistas somos de fiar”, digo que repugna sobremanera que aquel mismo personaje, en materia tan delicada como la ley de la Memoria democrática haya cedido a las pretensiones de los citados, de suerte que se trata de articular el modo de blanquear a ETA y justificar, como ya se ha manifestado, que sus acciones fueron útiles, necesarias y pertinentes para traer la democracia a este país. ¿Valora Sánchez las repercusiones que suponen sus cesiones a Bildu y los efectos de las mismas?
Un aspecto es la recuperación, devolución a las familias y dignificación de sus restos de las personas que yacían en las cunetas y en los montes y que era, sin duda, una cuestión pendiente que no se debía dejar pasar, y otra los efectos de una y otra ley sobre la perspectiva general de un asunto que creíamos superado. En el fondo, primero con la ley de la Memoria histórica y ahora con la de la Memoria democrática, se trata no ya de recuperar dignamente a esas otras víctimas olvidadas de la guerra civil, sino cuestionar y dejar sin efecto, al menos moralmente, una pieza esencial de la transición, la Ley de Amnistía que parece que es de lo que se trata. Lo que subyace es haber cedido propósito de los administradores de la herencia de ETA de reconocer, como siempre pretendieron, que los terroristas eran en realidad unos soldados que, en el fondo, prestaron un servicio a la causa de la democracia. Y por si tenemos dudas, ahí están las palabras de la portavoz de EH Bildu en la Comisión Constitucional del Congreso, Bel Pozueta, que ha dicho que la nueva ley reconoce a los terroristas “por su lucha por la consolidación de los valores democráticos”.
Primero, suavizaron el discurso y se redujo al ruido escénico de los homenajes a sus pistoleros que, sin embargo, siguieron siendo recibidos como héroes al recobrar la libertad. Y en ese contexto, se negociaba con los emisarios del PSOE. El objetivo era convertir a los etarras en víctimas. Y lograron lo que querían: acercamiento de presos, transferencia de las prisiones al gobierno vasco, régimen carcelario especial y excarcelaciones a cambio de realizar, entre otros, cursos de jardinería. Y ahora el remate. Ya no importa que ETA haya dejado el balance de 829 asesinatos, de los cuales más de tres de cada cuatro se perpetraron durante la transición. Y de esos crímenes, 358 quedaron y están impunes. Durante su siniestro historial, secuestró a más 80 personas y fueron miles los empresarios extorsionados a lo largo de su trayectoria. Pero han conseguido que la ley de la memoria democrática se ahorme al objetivo de convertir a los terroristas y su mundo en víctimas en la lucha por la libertad, de modo que alargan hasta 1983 el cuadro dentro del que quieren dibujar su epopeya. Pero es que, además, el Gobierno había manifestado que nunca se aceptaría esta pretensión, en la que los que van a ser juzgados no serán los etarras sino quienes los combatieron. Hace unos años, en que coincidí con el ministro del Interior, en unas jornadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo, el entonces magistrado en ejercicio, Marlaska, me contó que cada vez que interrogaba a un etarra declaraba haber sido torturado por la policía o la guardia civil, como indicaba el guión que la banda facilitaba a sus miembros, dentro del prontuario de lo que debía declarar al ser detenido.
