La pandemia mundial que estamos padeciendo nos está enseñando innumerables lecciones. Muchas a marchas forzadas, otras tantas por no habernos preparado lo suficiente para este durísimo examen. Quizás, la lección más importante de todo lo que nos ha traído la COVID-19 es la necesidad de que aprendamos de los errores para no volver a caer jamás en ellos. Es decir: que nos centremos en lo importante.
Trasladándolo a términos de planificación estratégica, es necesario fijar los ejes o unidades de acción estratégica para identificar el problema y fijar los objetivos (tanto el inmediato, como el final). Analizar amenazas y oportunidades, fortalezas y debilidades. Y solo entonces, actuar.
Dejando al margen la mayoría de los ámbitos donde aplicar esta reflexión, me centraré sólo en el de la Educación. El coronavirus ha destapado las carencias de un sistema que no ha sido capaz de garantizar la igualdad entre todos los alumnos; que ha mostrado carencias estructurales que el intenso trabajo y buena voluntad de los profesores están siendo insuficientes para aplacarlas, y que ha puesto de manifiesto que la brecha digital es tan pronunciada que se ha convertida en una grave grieta social y educativa.
Por eso, considero que es fundamental establecer un gran estudio que evalúe en profundidad el sistema educativo que tanto se ha visto afectado por esta situación. Que, por un lado, evalúe el resultado real de este curso 2019/2020 sobre las competencias del alumnado y, por otro lado, que exponga las numerosas deficiencias de nuestro sistema educativo que esta pandemia ha situado en el centro del debate educativo (brecha digital, falta de recursos, formación…).
En este curso “atípico”, es más necesario que nunca evaluar el impacto de la pandemia para poder aplicar medidas de refuerzo cuanto antes, sin tiempo que perder, pero acordes con las necesidades y sin que sean respuestas a ocurrencias del momento o improvisaciones. El sistema no ha dado la respuesta que se le requería, no ha superado este examen imprevisto y requiere acciones contundentes que garanticen su evolución positiva en el futuro. En definitiva: que nunca se vuelva a repetir esta situación. Ese estudio es fundamental para conocer el terreno, para que el análisis parta de la situación real que ha destapado la pandemia. Pero hete aquí que el Gobierno de España prefiere mirar para otro lado: prefiere mirar para su lado, el lado de la ideología, la imposición y la unilateralidad. No es entendible ni justificable, ni siquiera es leal con este país, que el Gobierno de España decida ahora acelerar la tramitación de la nueva Ley de Educación.
Sin duda una decisión incoherente con la situación por la que están pasando millones de personas, y más cuando no hay visos de ese más que cacareado interés por el diálogo, sin que el Gobierno central dé la más mínima prueba de ello, más bien todo lo contrario. Y ello cimentado en diversas razones, de las cuales quiero indicar dos. La primera: que la tan atacada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) -llamada coloquialmente “ley Wert”-, no ha sido tan mala para los resultados de este país, como se desprende de la tasa de abandono temprano, que estaba en el 23,6% en el 2013, y a finales del 2019 se situó en el 17,3%.
La segunda razón de peso que quiero esgrimir es la referida a lo comentado al inicio de este artículo, y que hace referencia, precisamente, a los déficits que han quedado de manifiesto con la actual situación provocada por la COVID-19 y a los que debe dar respuesta la futura Ley de Educación.
A la vista de lo expuesto, sin un estudio en profundidad que permita corregir los errores manifiestos del sistema que se nos han puesto frente a los ojos, estaremos ante una nueva ley condenada al fracaso y, consecuentemente, que arrastrará de nuevo a la Educación española a una nueva travesía de inseguridad, inestabilidad y fracaso.
Perder esta oportunidad histórica, motivada por un desgraciado acontecimiento global, dramático y absolutamente desproporcionado como está siendo la pandemia de COVID-19, es de una miopía política colosal y preocupante. No pensar en aprovechar la oportunidad de enmienda que nos permitiría que la brecha existente no siga profundizando entre la España rural y la España urbana, haciendo cada vez más imponente la España “vacía o vaciada”, es dramático y sólo puede conllevar el más rotundo de los suspensos para los responsables de semejante irresponsabilidad. Porque ya lo decía Séneca hace casi dos mil años: “No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”.
Señora ministra Celaá, señor presidente Sánchez: miren más allá de sus respectivos despachos y observen con detenimiento lo que está ocurriendo. ¿De veras creen ustedes que lo que les está demandando la sociedad española, o bien la comunidad educativa, es una nueva ley que sea fruto de la urgencia y en total desconexión con la realidad? ¿Apelan ustedes al diálogo cuando hace semanas que decidieron limitar toda actividad parlamentaria y, por ejemplo, jamás ha comparecido la ministra de Educación en Comisión en el Senado? Sólo tomando conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, escuchando a la comunidad educativa, eliminando cualquier sesgo de ideologización, y mostrando voluntad real de negociación y diálogo, serán capaces de actuar en consecuencia y dirigirse a buen puerto, por el bien de este país. Pero mucho me temo que lo que se está buscando es un fin bien distinto al de lograr un sistema educativo de calidad, equitativo y que dé respuesta a las necesidades presentes y futuras de los niños y niñas de España.
Señora ministra Celaá, señor presidente Sánchez, por el bien de todos: paren esa tramitación, dialoguen y busquen el bien de nuestro futuro más preciado.
