En la denominada operación Pokemon vamos de sobresalto en sobresalto. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, imputa al alcalde de Santiago, Angel Currás, y a su jefe de gabinete, después de hacerlo días antes con la concejala de Educación de la capital gallega. Se suman a la retahila de políticos, funcionarios y empresarios sobre los que su señoría ha puesto el ojo por la presunta comisión de delitos relacionados con favores a cambio de contrataciones al grupo Vendex.
Siguiendo el asunto desde fuera hay cosas que no casan. Nadie ha explicado todavía -la capacidad libérrima de los jueces para adoptar decisiones en nombre de la ley les libera de justificaciones- sobre las diferencias de trato entre los incluidos en el inmenso saco en que se ha convertido esta operación. No es cuestión menor, pues tener a un ciudadano del común, aunque ostente un cargo político, incomunicado durante días sin saber qué cargos pesan contra él, se traduce en un baldón del que difícilmente se desprenderá el afectado, aunque a posteriori se les proclame inocentes. Es el caso de los alcaldes de Ourense y Boqueixón, a los que cuesta imaginarles eludiendo la acción de la justicia, como para someterles a semejante vejación.
Por otra parte, y también desde la absoluta ignorancia, las dimensiones que está adquiriendo el sumario se parecen al globo que los niños hinchan sin parar hasta que explota. Si no fuera porque las comparaciones son odiosas, y más en este particular, la famosa Pokemon recuerda a aquella espectacular nécora, macrooperación contra el narcotráfico en la que al final apenas quedaron las nasas, provocando la excarcelación progresiva de importantes capos de la droga, para bochorno del sistema judicial.
