En su día hemos destacado como corresponde la importancia de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una ley que, a su amparo, viene haciendo justicia, como debe ser, a las mujeres, pues, quiérase o no, está transformando para bien, radicalmente y para siempre, la sociedad de nuestro país.
La ley de igualdad es en realidad una Ley código sobre Igualdad, ya que no sólo modifica más de veinte leyes de ordenamiento jurídico, sino que obliga y compromete acciones a todos los poderes públicos y todas las administraciones del Estado. Hay algunas de las medidas que aún necesitan todavía desarrollo reglamentario y otras que directamente se vienen aplicando en los últimos tiempos. La primera medida importante que se realizó, una vez entrada en vigor la ley, fue la aplicación del principio de representación equilibrada en las listas electorales de todos los partidos políticos, en las elecciones municipales, lo que ha supuesto realmente un incremento de más de dos mil nuevas mujeres concejales. Además existen otras medidas que, en realidad, han entrado en vigor de manera inmediata, como son todos los derechos de protección social que se han ampliado, como corresponde.
Por otro lado, los principios generales de la actuación de la ley obligan a todas las administraciones públicas y también instan a la necesaria colaboración y cooperación en la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades. Por eso a todas las administraciones les corresponde, entre otras funciones, designar de manera equilibrada a los altos cargos, realizar los informes de impacto de género, integrar el principio de igualdad en las políticas educativa y sanitaria, así como el desarrollo rural y de una ley que tiene en cuenta y responsabiliza a todas y a todos para actuar de otra manera, respetando siempre, como debe ser, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Por la historia podemos saber que las mujeres siempre han sido una parte de la sociedad injustamente oprimida. Quizá esto se deba, entre otras causas, a su menor estatura y a que físicamente son más débiles que los hombres pero, de todas formas, éstos en pocas ocasiones lo han tenido en cuenta. Las consortes, en todas las épocas, han tenido que hacer las tareas domésticas más odiosas; incluso habían sido apartadas de la sociedad. Y no hablemos ahora de la recordada licencia marital... En las ciudades, y entre las clases acomodadas, se las rodeaba de cierto confort, pero también se les enseñaba cuidadosamente a pensar por sí mismas que eran frágiles, delicadas y sin ninguna posibilidad de seguir adelante por sí solas sin el condescendiente trato masculino en que apoyarse.
Fue en el siglo XIX cuando, efectivamente, nació el movimiento feminista. Un grupo de mujeres valientes y audaces exigieron que se les reconocieran los mismos derechos que al resto de los humanos, ya que ellas también lo eran. En este grupo se encontraba Amelia Jenks, que fue de las primeras mujeres en pedir el sufragio femenino.
En cuanto a nuestro país, la Constitución de la Segunda República había reconocido por primera vez en nuestra historia la igualdad de las mujeres ante la ley con respecto al varón, para terminar con la situación de inferioridad y dependencia creada de manera efectiva por el Código Civil de 1889. Y le concedió el derecho a votar, por primera vez, en las elecciones generales y municipales. Dicho derecho fue promovido y conseguido por Clara Campoamor, en su calidad de destacada diputada a Cortes. Clara, considerada entonces como una de las madres del movimiento feminista y sufragista en España y una de las impulsoras de la aprobación del voto femenino en las primeras elecciones republicanas. No obstante, Clara tuvo que escuchar en el Congreso que no se debía aprobar el voto femenino hasta que las mujeres dejaran de ser retrógradas (Álvarez Builla, Rico), hasta que transcurran unos años y vea la mujer los frutos de la República y la educación (Victoria Kent) o indefinidamente porque las mujeres son histéricas (doctor Nóvoa Santos).
La Ley de Igualdad constituye un gran paso hacia delante que requerirá más tiempo para ver sus frutos. Sin embargo, creo firmemente que es la ley que más está contribuyendo al modelo social de convivencia que la sociedad española ha venido reclamando oportunamente. Es, en definitiva, una ley que hace posible, al fin, que ninguna mujer vea mermados sus derechos y oportunidades por el hecho de haber nacido mujer. Hace a todas y a todos más libres, como debe ser, y es por eso una ley que ensancha y mejora nuestra calidad democrática.
