Durante una década como presidenta de la Comunidad de Madrid y hasta su dimisión en septiembre de 2012 se calificaba a Esperanza Aguirre como la española más poderosa.
Pero el pasado 3 de abril unos anónimos agentes de movilidad madrileños la sometieron a una larga humillación pública, de la que ella huyó indignada, y por la que ahora afronta un posible delito de desobediencia que en caso extremo podría llevarla un año a la cárcel.
Esa tarde, cuando había poca circulación, aparcó su utilitario en un carril bus del centro de Madrid para retirar dinero de un cajero automático.
En casos así los agentes de movilidad fotografían el coche y el lugar de la infracción y ordenan al conductor mover el vehículo inmediatamente para denunciarlo donde no entorpezca la circulación.
Pero aquí hasta seis agentes con varias motos rodearon a Aguirre y mantuvieron el coche donde estaba para hacer supuestas identificaciones, dificultando el tráfico unos quince minutos.
Los agentes quizás querían dar una lección pública de democracia, pero abusaron de su poder para humillar a quien había sido tan importante.
Hasta que ella cometió el error de anunciar enfadada que se iba y que la denunciaran en su casa, muy cercana; tras arrancar tocó levemente y tiró una de aquellas motos.
El agente de la moto caída se hizo el herido, y aunque el certificado médico no le encontró lesión alguna, consiguió seis días de baja, presuntamente, por estar nervioso.
Aparte de la deplorable conducta de la expresidenta madrileña, el hecho demuestra que aquí ya no hay nadie intocable, y que tengan cuidado quienes ostentaron algún poder.
Cuidado, sí: las bases populares como esos agentes, esas que votarán a Podemos, quieren revancha, desean abusar, y quizás algo peor, de gente así.
