El único ministro que hace declaraciones sobre el secesionismo de la Generalidad catalana para resaltar su éxito y proponer imprudentemente una revisión del modelo territorial es el de Exteriores, García Margallo, cuya función es la relación de España con el mundo y no consigo misma, como si Barcelona estuviera ya en el extranjero. Que se ocupe de qué debe hacer el Gobierno ante el problema de Siria y del embrollo de Gibraltar provocado por Picardo, pero también por los ayuntamientos populares y socialistas que rodean la Roca, y de cuyos negocios viven.
El problema interior de España es que las negociaciones entre Mariano Rajoy y Artur Mas son secretas. Son un insulto a la ciudadanía porque deberían ser públicas. Debemos sentir la autoridad del Gobierno frente al secesionismo envalentonado. Cualquier gobierno español posee múltiples argumentos para responderle a los independentistas de cualquier Comunidad Autónoma, además de invocar la Constitución, para demostrarles que fuera del Estado no pueden vivir, que pasarían verdadera hambre, sí, hambre física. Hay mil demostraciones para desmentir el Espanya en roba de los independentistas, empezando por recordar que el 70 por ciento de lo que producen lo consumen esos españoles a los que acusan de robarles, pero que realmente les devuelven multiplicadas sus aportaciones.
La mayor maldad de Franco para con los independentistas catalanes, igual que para con los del País Vasco, fue imponer sus regiones como polos de atracción para la industria y la mano de obra españolas.
Desde 1950 pudo repartir por toda España las inversiones extranjeras, y especialmente las nacionales cuando gran parte de la economía era estatal. Ahora les es imposible prescindir del mercado español sin arruinarse irremisiblemente. Pero Rajoy mantiene el silencio de los corderos, o da esa impresión que da vergüenza.
