La nueva concepción del hecho político, su tratamiento y la creciente sospecha de que los actores incluidos en la interpretación de los hechos se han percatado de que respetar las reglas impide las acciones, está convirtiendo el escenario en una selva en la que nadie hace caso de nadie y el argumento principal y recurrente consiste en imponer la voluntad propia por encima incluso de la legislación.
Los tribunales acaban de dictaminar que ha de aplicarse por ley en Cataluña el porcentaje de un 25 % de enseñanza en idioma castellano pero la Generalitat ya ha advertido que no piensa hacer el menor caso de la sentencia. Que aplicará los márgenes que le dé la gana es decir, ninguno. Hace unos días, hemos sabido, que al presidente del Gobierno le ha condenado la Junta Electoral Central a pagar más de dos mil euros por conculcar el respeto a la neutralidad durante una campaña, utilizando además para hacerlo medios ilícitos que pertenecen al propio Gobierno y no al partido, como los resortes técnicos, el personal y el dinero de la Moncloa…
La lista sería interminable, pero esa continua vulneración de los preceptos no demuestra otra cosa que la paulatina ausencia de respeto al orden jurídico y la sensación desde las diferentes instancias de poder de que cuando se alcanza, se le faculta al que lo consigue patente de corso para hacer lo que le venga en gana.
Esta inquietante percepción tiene un nombre que por el momento se susurra en bajito porque acojona. Si el presidente del Gobierno puede mantener en un puesto interino durante tres años a una administradora general de RTVE nombrada a dedo por él mismo, y si un presidente de la Generalitat de Cataluña puede negarse a cumplir las decisiones de los más altos tribunales sin que pase nada de nada, algo falla. Y lo que falla es la calidad de nuestro sistema democrático. No por el uso que los ciudadanos le otorguemos al sistema sino por el que al sistema le otorgan sus propios actores, los que han sido elegidos para cultivarlo y cumplirlo.
Hoy, por desgracia, solo la ciudadanía puede obligar a los responsables políticos a ser respetuosos y a no salirse del cauce. Las instituciones o no quieren o no pueden. Y esa no es una buena señal.
