El primer episodio de relevancia relacionado con los desahucios y los nuevos regidores municipales ha ocurrido en Cádiz donde, a partir de estas últimas elecciones, gobierna Kichi, un joven con gafas de sol y mochila a la espalda cuya primera providencia fue sustituir la foto del rey Felipe en su consistorio por una litografía de Fermín Salvochea, señorito republicano de buena familia y anarquista vocacional que gobernó la ciudad y fue presidente de su cantón libertario en la segunda mitad del siglo XIX y que era amigo íntimo de José Paúl y Angulo, un hijo de bodegueros también educado en Inglaterra a quien muchos historiadores señalan como el jefe de la partida que asesinó al general Prim en diciembre de 1870.
Kichi ha salido por primera vez a la calle para impedir un desahucio ordenado por la autoridad judicial y cuya génesis es diferente a otros casos en los que los ocupantes de una vivienda son desalojados por ejemplo, por un banco. El juez falló en favor de los propietarios de un inmueble al que sus inquilinos llevaban dos años sin abonar ni un duro de su mensualidad. A pesar de los esfuerzos del casero, sus clientes se limitaron a seguir en el piso sin aceptar diálogo y sin hacer ademán alguno de pago hasta que fueron denunciados y obligados a pagar o marcharse.
La policía se presentó en el domicilio y procedió al desalojo, y ni el alcalde ni sus concejales consiguieron detener la actuación judicial. Kichi y su gobierno municipal se dieron de bruces con la cruda realidad y su nula competencia en la materia, un escenario al que tendrán que habituarse si los representantes municipales de Podemos se empeñan en interferir las actuaciones de los tribunales. Un día de estos a un juez se le inflamará el carrillo y meterá a un alcalde en la cárcel si se persiste en asumir actuaciones no propias de un regidor municipal y que entorpecen la acción de la Justicia soberana. Una cosa son los bancos con los que se puede intentar un diálogo institucional y otra los dueños de pisos que no cobran durante dos años.
Estos conflictos que reflejan la ocupación de viviendas por la tremenda y sin respeto a la legalidad vigente me temo que no tienen otra respuesta que albergar durante un tiempo a los expulsados o pagar sus facturas. Porque tan administrados son los inquilinos morosos como los propietarios estafados. Hay deberes y derechos
