En los primeros días de enero de 2011, la jueza Mercedes Alaya, titular del juzgado número 6 de Sevilla, asumiendo un considerable riesgo como tiempo después comenzó a manifestarse, abrió diligencias previas para someter a investigación las actividades de una supuesta trama construida y controlada por el Gobierno regional que, utilizando diferentes instituciones y departamentos de la administración en connivencia con representaciones sindicales y agencias de distintas procedencias y titularidad pública, repartía de forma arbitraria fondos millonarios mediante los que compraba voluntades aplicando un sistema que le permitía manejar a su discreción colectivos y grandes masas de población que, a cambio de cuantiosos desembolsos, consolidaban su poder político. Según esa investigación, la Junta de Andalucía llevaba una década pagando prejubilaciones y los primeros compases de la instrucción comenzaban a poner al descubierto lo que acabó conociéndose como el caso ERE, un fraude cuyas dimensiones adquirieron dimensiones colosales.
A Mercedes Alaya su osadía no solo le convirtió en un blanco de la actividad de los medios informativos -muchos de ellos controlados por el propio ejecutivo andaluz- sino víctima del acoso directo e indisimulado del propio PSOE, fuerza política con poderes ilimitados en Andalucía y capacidad social y política capaz de manejarlo y manipularlo todo. Su participación en el caso le costó su carrera, (a día de hoy está de baja en la Audiencia de Sevilla por motivos de salud tras intentar en vano su ingreso en la Audiencia Nacional) y desde la propia administración andaluza fue objeto de críticas furibundas y comentarios indignos e indignantes que no solo pusieron en duda su competencia sino que criticaron su forma de vestir y de caminar. Otros sectores alabaron su belleza y su elegancia. Una vergüenza en suma y un acoso imperdonable.
Once años justos más tarde, y después de que el caso ERE dieran atroces bandazos y fuera periódicamente solapado y disimulados por altas instancias de la judicatura andaluza, el asunto de corrupción con un volumen económico mayor en toda la historia de España parece dado por concluido con la ratificación de casi todas las sentencias ya impuestas que afectan a personajes tan relevantes como Manuel Chaves, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez o José Antonio Griñán ( que ingresará en la cárcel si no lo remedia un indulto presidencial). Mercedes Alaya padeció un calvario pero al final estaba en lo cierto.
