Si bien soy miembro de la Sociedad General de Autores Españoles a consecuencia de mis veleidades musicales, no estoy lo suficientemente cerca de esta institución que custodia mis contadas composiciones como para calibrar el regusto a maldición que parece emanar de sus entretelas. Hay un abanico muy amplio de cuestiones relacionadas con la SGAE de las que no tengo ni la más remota idea. No sé por qué no se ha resuelto judicialmente el espinoso tema de la gestión de Bautista -un canario que cantó más de la cuenta- ni entiendo cómo es el mecanismo que ordena y controla su para mí dudosa democracia interna. El miércoles me enteré por un correo interno que el que hasta ese momento era su presidente –un guionista cinematográfico cuyas prendas desconozco- había presentado su dimisión irrevocable. Sospecho que esa dimisión debe estar emparentada con las últimas y sorprendentes decisiones tomadas por el juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid que reconoce el derecho de Teddy Bautista a cobrar y condena a la SGAE a pagarle 26.269 euros al mes en concepto de pensión vitalicia, más 184.000 que según el juzgado se le adeuda por mensualidades no satisfechas desde 2012. Sospecho también que hay un antes y un después del paso de este sujeto por la dirección de la sociedad. Hasta que se descubrieron sus rotundas irregularidades, ser directivo de la entidad era un momio y ser amiguete de Bautista te garantizaba estabilidad presupuestaria de por vida. Después del canario flauta, la cosa se debió poner más chunga y últimamente el sillón del despacho principal de la SEGAE quema más que el banquillo del Real Madrid.
Tengo un amigo compositor y razonablemente informado de las cosas de la SGAE que durante los veranos me pone al día. Me cuenta quienes son los malos y los buenos en esta película y me hace relación puntual de las broncas que se generan en cada sesión de sus consejos.
La conclusión es evidente. El listo de todo esto es el millonario Teddy Bautista, al que le han reconocido todos sus derechos pero al que nadie juzga por apropiación indebida, administración fraudulenta y un delito societario, cargos que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le imputó en su día y por los que fue detenido por la Guardia Civil en el verano de 2011. Cinco años hace de esto y ahí lo tienen. Descojonado y tan fresco.
