Llega el momento clave del reparto de la tarta llamada España, aunque algunos se molesten, entre las distintas comunidades autónomas. Es uno de los debates más importantes en un Estado como el nuestro. Hay que exponer los criterios para el reparto en una pelea a cara de perro en la que no sirve la ideología para firmar pactos, sino la realidad de cada comunidad. Por eso, como en todos los ámbitos de la vida, hay coincidencias entre ricos (Cataluña, Madrid, Valencia) y, por otro lado, entre los menos pudientes (Galicia, Asturias, Extremadura), aunque por el medio hay coincidencias entre alguna autonomía del primer grupo con otra del segundo.
En todo caso, el primer trabajo que se debe hacer es informar a los ciudadanos de este debate, con las posiciones de cada comunidad autónoma, el montante a repartir o el destino de lo repartido. También debería quedar clara la caja mínima de solidaridad, por llamarla de algún modo, en la que se valoran aquellos servicios o prestaciones a los que tienen derecho los españoles al margen del lugar en el que viven. Los mínimos en sanidad, educación, servicios sociales... Es cierto que en esta caja también hay discusiones de importancia. Por ejemplo, Aragón pide que se tenga en cuenta la superficie. Alegan que ellos tienen que construir más hospitales para dar servicios al mismo número de pacientes que en otras comunidades. O Galicia, que pone como ejemplos el coste de los autobuses escolares o el exceso de núcleos de población.
Así que es necesario conocer los argumentos expuestos para que los ciudadanos sean conscientes de los criterios y sobre todo para que asuman los errores colectivos que provocan un aumento considerable e injustificado de los costes de los servicios. La moda gallega de hacer la casa donde a uno le apetece, por ejemplo, y que tan cara nos está resultando cuando se han universalizado los servicios sociales, la sanidad y la educación.
