Las acusaciones solicitan 10 años de inhabilitación por prevaricación
El alcalde de Xinzo en los últimos seis años Antonio Pérez Rodríguez anunció a última hora de la tarde de ayer que renuncia temporalmente a su militancia en el PP tras conocer ese mismo día que el juzgado había decretado auto de apertura de juicio oral por prevaricación administrativa continuada.
La fiscal reclama 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por este delito en relación a contrataciones ilegales entre 2011 y 2013. Nueve casos que fueron impugnados por ilegales en la jurisdicción contencioso-administrativa con sentencias que declaraban su nulidad, deduciéndose en todos los supuestos los corrrespondientes testimonios en la jurisdicción penal.
Según señala la acusación pública en su escrito, el mandatario local "procedió a al contratación de estas personas con conciencia de que faltaban los requisitos básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos, para que cualquier persona pudiera acceder". Con este proceder -añade- se privó el acceso a la administración locval de acuerdo a los principios de mérito y capacidad.
En los expediente de contratación escrutados por la fiscal como único antecedente previo sólo existía, en su gran mayoría, "única y exclusivamente una petición de la alcaldía por parte de los responsables de los diferentes servicios que finalmente fueron asignados a las personas contratadas".
Asimismo, resalta el hecho de que las contrataciones fueron realizadas pese a las advertencias de ilegalidad formuladas por la secretaría y servicio de intervención del Concello. Los funcionarios responsables testificaron que el incumplimiento se le comunicó al alcalde durante la tramitación del procedimiento así como los trámites necesarios para constatar el cumplimiento de los principios constitucionales que deben regir los contratos. Incluso alertaron al inculpado, según resalta la fiscal, del riesgo de que los trabajadores pasaran a ser indefinidos y de la incidencia del Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para al corrección del déficit público en el ejercicio 2012.
La acusación popular que ejerce la CIG también reclama 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa.
