El “cupo” dejará hasta 13.000 millones más en Cataluña

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) realizó ayer un primer cálculo de lo que puede suponer el concierto económico catalán pactado entre PSC y ERC, estimando un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana. Así lo dió a conocer Fedea en un informe en el que, a la espera de concretar los detalles del preacuerdo, la Generalitat elevaría la financiación homogénea entre un 25% y un 50 por ciento.

Desde la Fundación avisan de que el dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en su caso) “tendrá que salir de algún sitio” y, si ninguna comunidad puede perder financiación, Fedea alerta de que el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos. En este sentido, si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica o reducir su gasto, tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del territorio común tras la salida de Cataluña.

De acuerdo con la última estimación del Govern, la brecha entre lo que la comunidad aporta a y recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB, una estimación que “está muy sesgada al alza”.

Según Fedea, para el último año en el que la comparación es posible (2014), el déficit de máximos que estima la Generalitat fue un 65% superior al calculado por el Ministerio de Hacienda con un enfoque de carga-beneficio que es lo más parecido a un estándar metodológico internacionalmente aceptado que existe en esta literatura.

De haberse mantenido este sesgo, la eliminación del déficit de máximos supondría, de hecho, dejar a la región con un superávit de unos 8.700 millones de euros con el criterio de carga-beneficio. “Esto es, concederle una subvención nada desdeñable a una comunidad rica”, apuntan desde Fedea.

Riesgo de contagio a otras comunidades

Fedea señala que el acuerdo tiene como objetivo reducir la aportación catalana a la caja común entre un 30% y un 60% del objetivo máximo nacionalista de 22.000 millones anuales, esto es, con un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales. “A largo plazo, las cosas pintan aún peor porque se refuerza la Generalitat frente al Gobierno central”, advirtió la Fundación, explicando que, en cuanto el Gobierno regional tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero. Resulta obvio, según Fedea, que los problemas se agravarían si el nuevo sistema se extendiera a Madrid y Baleares, las otras dos regiones que son contribuyentes netas. El Estado perdería 37.500 millones de euros en ingresos tributarios y si los correspondientes cupos se negociasen con criterios similares a los de Cataluña, los ingresos del Estado se desplomarían.