La ley fue aprobada solamente por los votos del PP y siendo rechazada por el rechazo de toda la oposición
La ley que permitirá que los empleados públicos recuperen la parte devengada de la paga extra de 2013 ha sido aprobada este martes en el pleno del Parlamento por el procedimiento de urgencia, con los únicos votos a favor del PP y la abstención de toda la oposición.
Previamente al debate, PSOE, BNG, AGE y Grupo Mixto mostraron su "disconformidad" con el hecho de que esta norma se tramitase con lectura única, a lo que los populares contestaron con el argumento de que es un texto con un "único objeto", que "solo toca un tema" y cuyo contenido cabe en "cuatro carillas".
Así las cosas, el PSdeG se abstuvo en la votación para decidir si se aceptaba la tramitación urgente, el Partido Popular votó a favor y Bloque, Alternativa y grupo mixto se opusieron.
A continuación tomó la palabra el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, para defender un proyecto que, según ha subrayado, será "beneficioso para todos los empleados públicos" y con el que el Gobierno gallego "cumple con la palabra dada".
ACUSACIONES DE ELECTORALISMO
Por su parte, la socialista Noela Blanco ha criticado una "iniciativa de buenismo que no es tal porque es consecuencia de las sentencias dictadas por los tribunales". Así, ha acusado a la Xunta de "utilizar a los trabajadores de la función pública como moneda de cambio en época preelectoral".
En su turno, la nacionalista Tereixa Paz ha censurado el "abuso" de la opción de lectura única por parte del actual Ejecutivo, en un momento "preelectoral" y con la vista puesta en la campaña de las elecciones autonómicas, "usando una vez más los derechos y los recortes que se le hicieron a los empleados públicos".
Mientras, Xabier Ron, de AGE, ha reprochado la "imposición del (poder) ejecutivo sobre el legislativo" y ha visto en esta actitud un "abuso de poder" y de la mayoría que el PPdeG tiene en la Cámara autonómica, además de recordar también que esto se hace en "plena época preelectoral".
En representación del grupo mixto, Consuelo Martínez ha ironizado con que "nunca una sentencia dio tanto juego a la parte condenada", al afirmar que esta actuación "forma parte de la campaña electoral del PP, que pretende convertir una sentencia en un acto voluntario".
En su intervención, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que los populares dijeron "que aquellos ajustes" y "sacrificios" que asumieron los empleados públicos eran "temporales", ante lo que ha lamentado que la oposición está "en contra de todo".
ACUERDO CON LOS SINDICATOS
Por su parte, el titular de la consellería ha apuntado que este proyecto de ley es fruto de un acuerdo firmado a principios de mes entre Facenda y los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que también compromete la recuperación a partir de enero de 2017 --"un año antes de lo previsto"-- del pago del 100% de las pagas extra.
"Los empleados gallegos que ayudaron tanto a soportar la crisis económica, recuperarán a partir del próximo 1 de enero las pagas extras que tenían antes de la crisis", ha reivindicado.
La ley establece que la administración gallega abonará en este año 2016 el complemento específico devengado de la primera paga extra del año 2013, que se corresponde con los meses de enero y febrero de ese año --cuando los presupuestos, que incorporaron su supresión, fueron aprobados en marzo--.
La devolución beneficiará tanto al personal funcionario como al personal laboral, al estatutario de sanidad, al docente y no docente de enseñanza, al de la administración de justicia y al de las entidades instrumentales del sector público autonómico. También se extiende al personal de las universidades públicas y al de la enseñanza concertada.
La Xunta resalta que efectuará, así, la devolución "de oficio", evitando que los trabajadores tengan que presentar recurso. Además, llama la atención sobre que tampoco tendrán que hacer una declaración complementaria del IRPF del año 2013 por percibir esta devolución.
EN AGOSTO O SEPTIEMBRE
Ya el pasado 2 de junio, cuando anunció el acuerdo, Martínez, preguntado por la fecha concreta en que los empleados públicos cobrarán los 180 euros que, de media, les corresponden por la parte devengada de 2013, dijo que "lo normal" sería "en el entorno de agosto, septiembre". De ahí que el Gobierno gallego quisiera aprobar una ley "urgente".
Al margen del pacto quedó la CIG, central que promovió la vía judicial a la vista de la negativa de la Xunta a devolver la parte devengada de 2013. Al respecto, el titular del departamento justificó a principios de mes que se hace ahora --entonces a las puertas de dos citas electorales--, porque ya está "clarificado un escenario jurídico que en su momento fue controvertido".
Así, expuso que "había un gran bloque" --de fallos a favor de los demandantes y en contra de la Xunta--que afectaba al personal laboral, pero "no así al funcionario en términos generales".
