El alcalde del municipio pontevedrés de Dozón, Adolfo Campos, compareció hoy ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra imputado acoso laboral contra una funcionaria afiliada al sindicato CIG, que pide su inhabilitación, una pena de prisión y una indemnización.
El alcalde, que se sentó en el banquillo de los acusados, imputado además de prevaricación y abuso de poder, se negó a declarar, insistiendo en que ya había dado las explicaciones oportunas sobre este tema en dos ocasiones anteriores, en 2001 y 2003, y que calificó el juicio de político.
La denuncia contra el alcalde fue presentada inicialmente por el sindicato CIG en 1999, cuando la funcionaria Ana Lois acudió a las elecciones como candidata del BNG y posteriormente se presentó por la CIG a los comicios sindicales para los representantes del Ayuntamiento.
Desde entonces me han acosado laboral y personalmente, explicó Lois en su comparecencia.
El sindicato destaca que este acoso laboral ha sido ratificado en numerosas ocasiones con hasta 30 sentencias firmes en las que se condena al alcalde a respetar una ley que, sin embargo, sigue sin cumplir en estos momentos, comentó el responsable de la CIG, Suso Seixo.
La funcionario denunció ante el juez que a partir de 1999 fue obligada a trabajar en una habitación aparte del resto de funcionarios con la puerta cerrada para que no pudiera acceder al resto del edificio y que se le negó posibilidad alguna de hacer cualquier trabajo.
Además, indicó que en varias ocasiones fue obligada a hacer turnos diferentes día sí y día también para no coincidir con el resto de trabajadores, de manera que llegó incluso a quedarse encerrada de noche, hasta el punto de que en varias ocasiones tuve que solicitar la ayuda de la Guardia Civil, dijo.
El representante sindicato lamento a las puertas del juicio esa situación que calificó de alarmante e inconcebible, y señaló que la funcionario tuvo que pasar largas temporadas de baja laboral por depresión.
Los abogados de la CIG piden la inhabilitación del alcalde y la acusación particular solicita, además, una pena de cinco años de prisión y diez de inhabilitación para cargo público contra Campos, y una indemnización de 232.000 euros a la funcionaria que sufre un trastorno psicológico irreversible de tal magnitud que ha sido diagnosticada de menopausia precoz.
Por su parte, la defensa indicó que los hechos ya habían sido juzgados con anterioridad y que la querella presentada por el sindicato CIG tiene como objetivo desprestigiar a un opositor político.
La Fiscalía no ha presentado cargos aludiendo que el caso está sobreseído porque no cabe vía penal ya que, según explicó el representante del Ministerio Público, que recomendó a la acusación particular que la petición de indemnizaciones se lleve a cabo por la vía administrativa.
