El Círculo de Empresarios ha afirmado que las limitaciones de tráfico que sufren los transportistas que prestan servicios en el Puerto de Vigo suponen un millón de euros al año
El Círculo de Empresarios de Galicia ha solicitado al Ministerio de Fomento, la Xunta, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Vigo y Audasa, la realización de un estudio coordinado para "evitar o paliar" los "sobrecostes que afrontan las empresas transportistas" en la Autopista del Atlántico y, al mismo tiempo, "retirar el tráfico pesado de las carreteras convencionales".
Según ha indicado el Círculo en un comunicado, "las actuales limitaciones de tráfico que sufren los transportistas que prestan servicios en el Puerto de Vigo suponen un coste añadido que ronda el millón de euros al año" lo que "afecta a la competitividad de las propias empresas y del Puerto de Vigo".
Así, aunque comprende "la lógica prohibición" a los camiones de circular por la avenida de Sanjurjo Badía, ha incidido en que eso "convierte la AP-9 en su única alternativa" en ciertos tramos, incluso entre instalaciones del puerto, y supone un "incremento del coste --por el-- aumento en el tiempo de conducción".
Igualmente, ha criticado que "la falta de una alternativa vial eficaz en la conexión con Pontevedra obliga a utilizar este tramo de autopista cuando los camiones van cargados" y el retorno por la carretera de Vilaboa, "supone un incremento de veinte minutos en el tiempo de conducción".
En lo relativo a la bonificación del peaje al tráfico pesado en el tramo Puxeiros-Tui, el Círculo ha manifestado que "resulta paradójico que haya descuentos para un tramo de autopista para el que existe alternativa, y no se haya planteado la liberalización del peaje entre Vigo y Redondela, o que no se haya pensado en medidas que beneficien las relaciones entre Vigo y el Norte de Galicia".
Sobre este último trayecto, ha hecho hincapié en que "mientras que existen bonificaciones para turismos y transporte ligero de lunes a viernes en la ida y vuelta de la AP-9 Vigo-Pontevedra, no se aplica ningún tipo de reducción al transporte pesado".
"Es un asunto que afecta directamente a la competitividad del puerto de Vigo y del sur de Galicia", ha concluido la entidad.
