Galicia

La huelga de Justicia sigue tras rechazar la Xunta la propuesta sindical rebajada

636576727026238480m
photo_camera Compañeros del comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia se concentraron en San Caetano para mostrarles su apoyo en la nueva reunión con los representantes del Gobierno gallego.

La Xunta ha mantenido su última oferta de 133,42 euros al mes para gestores y ha rechazado la subida de 180 euros por parte de los sindicatos

La huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia continuará tras la ruptura de las negociaciones producida este lunes al rechazar la Xunta el nuevo planteamiento de los sindicatos, que reclamaban una subida de 180 euros al mes por trabajador -en vez de los 190 anteriores-, con 126 este año desde el 1 de enero.

La Xunta ha mantenido su última oferta de 133,42 euros al mes para gestores, 108,42 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio y ha considerado "totalmente inasumible" el planteamiento sindical.

La sede de la Xunta en San Caetano ha acogido hoy una nueva ronda de negociaciones, rotas hace una semana, que se ha prolongado durante menos de tres horas, con la presencia de la secretaria general técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuiña, y los directores generales de Justicia y Función Pública, Juan José Martín y José María Barreiro.

Esta nueva jornada se presentaba tras la victoria en las urnas, con un 65 % de los votos de más de 1.400 entre los 2.700 funcionarios, de la opción que facultaba al comité de huelga a negociar "lo mejor posible" sin el límite de los 190 euros establecido hasta la semana pasada.

La sesión, a la que ambas partes llegaban con los puntos vinculados a las bajas por enfermedad (IT) y a las sustituciones casi cerrados, ha servido para dejar muy cerca el relacionado con los refuerzos.

Los sindicatos que forman el comité de huelga, SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, han propuesto a la Xunta una bajada en su petición de 190 euros al mes para cada trabajador a 180.

No obstante, han exigido que un setenta por ciento de esta cantidad, 126 euros, se aplique este año con efecto retroactivo a 1 de enero y el resto sea percibido en 2019.

"Propusimos también una cláusula de revisión que nos mantenga no solo en el puesto que alcancemos con este posible acuerdo, sino que nos mantenga equidistantes con los puestos anterior y posterior", ha aclarado Enrique Araújo (STAJ) sobre un planteamiento que empezaría este año y tendría revisiones periódicas.

Sin embargo, en palabras de Juan José Martín, director general de Justicia, "otra vez más, la cuestión económica impide llegar a un acuerdo" y ha pedido a la representación social que analice el "mensaje que las votaciones que tuvieron les transmite", pues entiende que este resultado es favorable a un acuerdo.

En esta situación, todavía pendientes de acordar el punto de las amortizaciones, que la Xunta ve cercano pero los sindicatos no, han quedado rotas las negociaciones, a la espera de una nueva convocatoria.

"Ahora mismo no está en la idea del comité convocar a la Administración. Hoy vinieron con la misma oferta, no movieron absolutamente nada, ahora les toca mover ficha a ellos", ha expresado el sindicalista Enrique Araújo.

La Xunta, previamente, ya había advertido tras la ruptura de negociaciones de la semana anterior de que no haría ninguna oferta nueva en esta reunión.

La huelga indefinida, mientras tanto, continuará activa tras 48 días naturales consecutivos desde su inicio, además de otros tres en diciembre y enero.

Antes de la reunión, se ha celebrado la comisión mixta entre el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la Xunta, en la que el Gobierno autonómico ha informado a los jueces sobre una instrucción aclaratoria sobre los servicios mínimos, que el Ejecutivo gallego entiende que se incumplen.

El objetivo de esta orden es "garantizar" que "los ciudadanos que acuden a los juzgados reciban ciertos trámites" que entiende "que están dentro de los servicios mínimos", entre los que sitúa los que se realizan en los registros civiles, como certificaciones e inscripciones u otras acciones procesales que son "fundamentales".

El presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, ha mostrado su "esperanza, indudablemente, desde la perspectiva judicial de que se llegue a un acuerdo y se solucione esta situación". 

Te puede interesar