El grupo de gobierno municipal rechazó la propuesta que presentaron para bajar el precio del agua.
Cerca de una veintena de vecinos de Punxín decidieron ocupar ayer la Casa Consistorial después de que el grupo de gobierno rechazara el estudio económico aportado por la Comisión del Agua para la gestión directa por parte del Concello del servicio de abastecimiento y saneamiento del municipio, además de votar igualmente en contra de iniciar las gestiones para modificar las tasas en los términos que constaban en dicho estudio. Están dispuestos a mantener su encierro, tal y como habían anunciado, hasta ser desalojados por la Guardia Civil, que se apostó a la entrada del Consistorio, una vez que terminó la jornada laboral de los trabajadores municipales.
El debate se hizo a partir de la presentación de una iniciativa popular de la Comisión del Cgua, integrada por nueve representantes de las distintas parroquias. El economista Juan Lage, miembro de la comisión vecinal, desgranó cada uno de los servicios de abastecimiento y saneamiento, aportando datos sobre costes, personal, horas de trabajo, mantenimiento de la red y facturaciones, en un intento de demostrar que el coste del servicio es de 45.000 euros anuales, bastante menos de los 122.585 euros que había planteado la empresa Aquagest, antes de la rescisión del contrato con el Concello, en septiembre de 2013.
La Comisión cuestionó el informe negativo que emitió la interventora, Carmén López, en relación a su estudio económico. El economista manifestaba que más del 51% de los costes del servicio están sin justificar y que toda esa documentación fue entregada a la juez Pilar de Lara, dentro del marco de la Operación Pokemon, que ha dado pie a la petición de imputación del exalcalde, Alfredo Cruz y del exapoderado de Aquagest, Casimiro G.F, porque "hemos estado pagando unos costes de 1.000 abonados cuando somos 405", indicó Lage. En ese sentido se refirió a pagos que el Concello hizo a Aquagest, de los que la empresa sólo pudo justificar una parte. Señaló también que el Seprona detectó posibles delitos en la actuación de la empresa por abastecer de agua contaminada a la población.
Carmen López y el alcalde, Manuel Vázquez, justificaron su rechazo considerando que el coste del servicio es mayor, aunque sólo aportan datos estimativos.
