1.600 sentencias pendientes de ejecutar en los dos penales ourensanos

Después de 114 días de huelga indefinida en la Administración de Xustiza, las consecuencias colean tres meses después sin perspectivas halagüeñas. Sólo en los dos juzgados de lo Penal de Ourense había a finales de junio algo más de 1.600 ejecuciones pendientes: 1.431 en trámite (vivas) y el resto, pendiente de incoación (tramitar). Ese mismo mes, por ejemplo, aún estaban recibiendo desde los juzgados mixtos de la provincia ejecuciones de diciembre de 2017 alusivas a juicios rápidos celebrados en esos órganos, según confirman en el Penal 1.

Según valoraba ayer la portavoz de Alternativas na Xustiza en Ourense, Nuria Fornos, la situación es preocupante porque "os xulgados están peor que nunca". Los cuadros de personal son reducidos para semejante volumen de asuntos. Los refuerzos se hacen esperar y los medios técnicos son los mismos, sin olvidar que los programas informáticos de Fiscalía (Fortuny) y los juzgados (Minerva) van por separado.

La primera fase de la recuperación del trabajo perdido que se desplegó entre el 15 de junio y mediados de julio abarcó al decanato, la oficina de registro-reparto, el servicio de notificaciones y embargos y la fiscalía. Los penales, quedaron al margen.

Según Fornos, el retraso en el trabajo acumulado podría tener nefastas consecuencias en último caso como, por ejemplo, la prescripción de las penas más leves. Por ahora, no ha ocurrido. Pero, además, advierte "que no se recaudan os cartos das penas de multa impostas ni tampouco as indemnizacións para os perxudicados de outros delitos".

Los casi cuatro meses de paro también pasaron factura a juzgados de primera instancia con sede en la ciudad como Familia (número 6) y Mercantil (número 4). En este último, según datos recabados por Alternativas na Xustiza- CUT, hay 150 demandas sobre la mesa -sin incoar-, además de las 500 en trámite y 1.000 ejecuciones civiles pendientes. Sin olvidar, que arrastra 500 demandas de cláusulas suelo (era el juzgado especializado en cláusulas suelo y sobre condiciones de contratación de productos con entidades financiera hasta la puesta en marcha de Instancia 7) y las 50 demandas mercantiles de otra tipología. Esta saturación tiene un reflejo concreto: las demandas que entren hoy tendrán hueco en la agenda a partir de mayo de 2019.

Por esta razón, tanto voces sindicales con la CUT como desde los propios órganos judiciales claman por un "verdadero plan de actuación" por parte de la Xunta para sacar adelante el trabajo acumulado por la falta de personal y por la huelga.

La segunda fase, aún pendiente de concretar

El plan de recuperación, tras su primera fase, están pendiente de concretar. La Xunta considera imprescindible la implicación del Ministerio de Justicia para que sea viable, involucrando a jueces o letrados de la administración de justicia.

En total, hay 1.600 solicitudes de personal interesado en hacer horas extra en toda Galicia (son 2.750). La primera fase supuso un máximo de cuatro horas semanales.