La jueza entiende que el presidente de la Diputación no pudo cometer acoso sexual porque no había relación laboral con la denunciante
La titular de Instrucción 3 acordó ayer el sobreseimiento provisional de las diligencias previas iniciadas a finales de 2015 en las que figuraban como investigados el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar Blanco; su padre y antecesor en el cargo, José Luis Baltar Pumar; el jefe de servicio de Recursos Humanos del ente, José Luis Suárez Conde, y Teresa Fernández Cruz, la mujer que presentó la denuncia contra el primero por acoso sexual y acabó también incursa en el procedimiento abreviado pero por tráfico de influencias. El auto, que puede ser recurrido ante la Audiencia provincial, acuerda el archivo del caso instruido por acoso sexual, cohecho/tráfico de influencias "al no resultar debidamente justificada la perpetración de los hechos punibles".
Con respecto al delito de acoso sexual, entiende la magistrada Eva Armesto que no ha quedado acreditada la existencia de ningún tipo de relación de dependencia entre la denunciante y el presidente de la Diputación de Ourense, por lo que no existiría uno de los elementos del tipo penal denunciado, que castiga a quien pida favores sexuales "en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios continuada o habitual".
Grabaciones de audio
Fernández Cruz, que incorporó mensajes de texto y grabaciones de audio a su denuncia, aseguraba que mantuvo diversas reuniones con Manuel Baltar entre enero de 2010 (aún no presidía la Diputación) y 2015 para que la ayudara en el ámbito laboral. En ese contexto, circunscribe una relación sexual en el hotel Francisco II el 15 de marzo de 2010 con la promesa de un puesto de trabajo en el organismo provincial. Unos hechos que negó rotundamente el mandatario del PP.
La investigada planteó la existencia de una relación habitual de prestación de servicios en el PP con distintos cometidos. Pero, según se comprobó durante la investigación judicial, aunque fue interventora en 2008, nunca desempeñó un cargo remunerado en la sede y, como afiliada, no tenía relación, económica ni laboral ni profesional con la formación popular.
Por tanto, asegura la jueza, "la prestación de servicios no queda suficientemente justificada, ya sea en el partido político -por cuanto los testigos niegan la realización de actividades retribuidas no acreditadas de ninguna otra forma-, ya sea en la Diputación provincial -por cuanto la prestación de servicios se produce hasta el año 2010 como máximo, sin que conste que a tal fecha José Manuel Baltar Blanco ostentara cargo público en el órgano provincial ni conste que el mismo influyera de forma alguna en José Luis Baltar Pumar-". El expresidente de la Diputación lo niega, no hay testigos que indiquen lo contrario ni tampoco José Luis Suárez relata haber recibido -dice textualmente el auto- "indicación o instrucción de persona alguna".
Cohecho
Con respecto al delito de cohecho (solicitud o aceptación del funcionario público o autoridad de un ofrecimiento o promesa para realizar por acción u omisión un delito), se recoge en la resolución judicial que "de las diligencias instructoras practicadas no resulta suficientemente justificado que el investigado José Manuel Baltar Blanco se haya comunicado de forma alguna con el jefe de personal, ni con el asesor jurídico de la Diputación, ni que haya dado instrucción alguna o realizado acto alguno" respecto a la denunciante, al igual que Baltar Pumar, por lo que la causa se sobresee para ambos también con respecto a este delito.
Por último, sobre José Luis Suárez, el responsable de Recursos Humanos, sostiene que "no ha quedado suficiente justificado que haya realizado acto alguno contrario a las funciones de su cargo ni haber recibido instrucciones al respecto".
Manuel Baltar: "Es un tema personal; respeto las decisiones judiciales"
El presidente de la Diputación, en consonancia con su actitud desde que fue imputado, se limitó a recordar ayer lo que ha mantenido hasta la fecha: "Es un tema personal; total respeto a las decisiones judiciales". En su declaración como investigado el 15 de marzo del pasado año, su letrado, Juan Ramón Montero, atribuyó la denuncia de Teresa Fernández a la negativa de Baltar Blanco a ceder "a las pretensiones ilícitas" de esta última, por quien, dijo, fue amenazado insistentemente durante mucho tiempo. El abogado llegó a hablar de "insistentes presiones e intimidaciones "por parte de esta mujer y su entorno si no le daba trabajo.
Democracia Ourensana asegura que recurrirá el auto ante la Audiencia
No sólo Teresa Fernández está personada en este caso como acusación particular, además de figurar como investigada, sino que Democracia Ourensana ejerce la acusación popular por tráfico de influencias o cohecho (no entra en el acoso sexual). Su letrado, Miguel Caride, aseguró ayer que recurrirá el auto de sobreseimiento "porque entendemos que hay indicios suficientes para sostener la causa y llegar a juicio".
Valora que la jueza "parte de que los hechos que se denuncian son ciertos pero dice que no tienen entidad penal y eso debe decirlo la sala (Audiencia provincial de Ourense)".
