Medio Rural afirma que sí se cubren las vacantes de brigadistas y que el material se repara
El redivivo Comité de Defensa do Monte Galego (una decena de sus representantes) subió ayer hasta una pista forestal que remata en la aldea de Bobadela -frente a las torres de O Pino en Ourense- para denunciar "o desmantelamento do dispositivo de extinción de incendios e o abandono do sistema de prevención", según afirmó Etelvino Blanco (CIG). Según Blanco, el comité inicia una nueva campaña porque "estamos ante un caso de emerxencia no monte".
Manuel Martínez y Xosé Santos, trabajadores de los equipos antiincendios de la Xunta de Galicia, fueron los encargados de desgranar los argumentos que han llevado al comité a esa conclusión. "Estamos aquí para decir la verdad, que la Xunta no tiene el montón de medios que dice que tiene; que la mayoría de las motobombas están destrozadas porque se utilizan las 24 horas del día; que se averían y no se reparan porque hay retrasos en los pagos a los proveedores de servicios de reparación; que hay puntos de vigilancia cerrados en teoría porque no reúnen las condiciones adecuadas porque no se ha acometido su mantenimiento", arrancó Martínez.
Según el comité, un 20% del personal que la Xunta ha incluido en el dispositivo del Pladiga para Ourense no está acudiendo a los incendios porque las bajas no se cubren. Medio Rural respondió por la tarde que "ao comezo da campaña, o 1 de xullo, estaban xa cubertos o 100% dos postos de técnicos, o 98,1% dos postos de axentes e o 94 % dos postos laborais do servizo". Según el comité, 11 de los 21 puestos de vigilancia de la provincia de Ourense permanecen cerrados, lo que retrasa considerablemente el tiempo de respuesta. Según la Xunta, "por operatividade, algún puntos de vixiancia fixa substitúense por vixiancia móbil". Respecto a los problemas de mantenimiento de las motobombas, Medio Rural responde que "esas acusacións son falsas". Y añade: "Cando hai unha avaría nunha motobomba procédese a súa reparación no momento no que se produce".
Manuel Martínez y Xosé Santos, trabajadores de los equipos antiincendios de la Xunta de Galicia, fueron los encargados de desgranar los argumentos que han llevado al comité a esa conclusión. "Estamos aquí para decir la verdad, que la Xunta no tiene el montón de medios que dice que tiene; que la mayoría de las motobombas están destrozadas porque se utilizan las 24 horas del día; que se averían y no se reparan porque hay retrasos en los pagos a los proveedores de servicios de reparación; que hay puntos de vigilancia cerrados en teoría porque no reúnen las condiciones adecuadas porque no se ha acometido su mantenimiento", arrancó Martínez.
Según el comité, un 20% del personal que la Xunta ha incluido en el dispositivo del Pladiga para Ourense no está acudiendo a los incendios porque las bajas no se cubren. Medio Rural respondió por la tarde que "ao comezo da campaña, o 1 de xullo, estaban xa cubertos o 100% dos postos de técnicos, o 98,1% dos postos de axentes e o 94 % dos postos laborais do servizo". Según el comité, 11 de los 21 puestos de vigilancia de la provincia de Ourense permanecen cerrados, lo que retrasa considerablemente el tiempo de respuesta. Según la Xunta, "por operatividade, algún puntos de vixiancia fixa substitúense por vixiancia móbil". Respecto a los problemas de mantenimiento de las motobombas, Medio Rural responde que "esas acusacións son falsas". Y añade: "Cando hai unha avaría nunha motobomba procédese a súa reparación no momento no que se produce".
Casi 4 millones perdidos en tres fuegos en un mes
"Estamos aquí, nesta pista, para denunciar que non se está a cumprir a normativa de mantemento de camiños, e para recordar que os lumes se apagan a longo do ano, con prevención, e que máis alá dos incendiarios, hai un lume estrutural causado polo abandono do medio", subrayó por su parte Xosé Santos, antes de ofrecer una estimación de las pérdidas económicas que provoca un incendio. Santos utilizó como ejemplo los casos de tres fuegos declarados en la provincia en menos de un mes: el de O Xurés, a mediados de julio; el de Palmés, a finales de ese mes; y el de Pradorramisquedo esta misma semana.
Según sus cuentas, las pérdidas sumaron 3.375.000 euros. A las primarias -costes de repoblación, regeneración, erosión y fauna-, que en un caso como el de Palmés suponen entre 1.000 y 1.200 euros por hectárea, hay que añadir otros costes -gasto en extinción-, que pueden incrementar la cifra hasta los 5.000 euros en algunos incendios. El impacto económico del fuego en O Xurés fue de 1.175.000 euros, y en Pradorramisquedo, de 1.470.000.
