TRIBUNALES

Condenado el alcalde de Xinzo por realizar contratos a dedo

La jueza del Penal 1 le impuso ocho años y medio de inhabilitación especial por prevaricación 

El Juzgado de lo Penal 1 ha condenado a ocho años y medio de inhabilitación especial al alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, quien se dio de baja en el PP tras el auto de apertura de juicio oral en noviembre de 2016, por un delito continuado de prevaricación administrativa. La jueza cree que el mandatario local mediante contrataciones fraudulentas pretendió que varios trabajadores formaran parte de la plantilla como indefinidos.

Los nueve contratos sin publicidad se realizaron entre 2011 y 2013, sin respetar el cumplimiento de la normativa de los concursos públicos para elegir a los trabajadores por sus méritos y capacidades. Todo ello pese a la advertencia de los servicios de secretaría e intervención municipal. El inculpado sostenía que el entonces secretario de Xinzo no le informó de las irregularidades, un extremo desmentido en el juicio por el propio aludido.

Según el fallo, el regidor ignoró las advertencias y actuó contraviniendo los requisitos básicos de la contratación pública. Es decir, al no darle publicidad al proceso de selección, se impidió a otros ciudadanos que pudieran acceder a esas plazas, privando así el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de mérito y capacidad.

La causa que sentó en el banquillo a Antonio Pérez se inició a finales del año 2013 cuando varias sentencias de los dos juzgados de lo contencioso administrativo de Ourense alertaron al ministerio fiscal de una posible desviación de poder en varios contratos por ausencia de las pertinentes pruebas selectivas.

La fiscal sostuvo que "de forma notoria y grosera se pisotearon principios constitucionales", por eso reclamó una"condena ejemplarizante para acabar con la idea de que en los ayuntamientos es el alcalde el que decide a quién, cómo y por cuánto tiempo se contrata, manteniendo así una cadena de favores para mantenerse en el poder".

Tanto la acusación pública como la CIG, como acusación popular, reclamaban 10 años de inhabilitación. 

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