Acusa a cuatro trabajadores de la empresa que gestiona la depuradora de aguas residuales de San Cibrao
Hasta tres años de prisión reclama la fiscal de Medio Ambiente, Carmen Eiró, para la administradora solidaria de la empresa Espina y Delfín S.L., Rosa Blanca R.G., y tres técnicos: el jefe de servicio Enrique Jesús I.P.; Manuel C.M., en calidad de encargado de las funciones de mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Cibrán das Viñas, y Pablo R.P., encargado del control de funcionamiento de las instalaciones de aguas residuales. Los cuatro son los responsables de "la concreta gestión y explotación de la estación depuradora" y, según la fiscal, no adoptaron ninguna medida frente al episodio de contaminación más grave sufrido por el río Barbaña hasta la fecha, ya que afectó a 5,6 hectáreas de dominio público hidráulico, con un gravísimo impacto ambiental (comenzó el 24 junio de 2009 y se prolongó hasta el 1 de julio). De hecho, los expertos hablan de un lenta recuperación de las densidades de especies afectadas.
La contaminación disparó la concentración de aceites, grasas y metales pesados en las aguas: 120 veces más del cobre permitido, casi 200 más de zinc o 28 de hierro, entre otros.
El ministerio público los acusa de un delito contra el medio ambiente por la muerte de 17.013 peces en el río Barbaña, además de otras especies, a consecuencia de un grave vertido tóxico de metales "altamente contaminante" que afectó a cinco kilómetros del río, e incluye en la solicitud de condena una multa de 18 meses, a razón de 50 euros diarios, la inhabilitación durante tres años para ejercer una profesión relacionada con la gestión de residuos o aguas fluviales, marítimas y pluviales.
Pero también reclama cuantiosas indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil. Un total de 223.318 euros para la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en concepto de daños al dominio público hidráulico, así como otros 3.469 euros al Concello de Ourense por los gastos de limpieza que ocasionó el vertido. Como responsable civil directo menciona a la aseguradora de Espina y Delfín y al Concello de San Cibrao, en calidad de responsable civil subsidiario.
La fiscal cree que los investigados cometieron una imprudencia grave cuando no articularon los mecanismos necesarios para evitar la contaminación del río al detectarse en la EDAR un vertido de naturaleza ácida y con elevada concentración de metales pesados (boro, aluminio, cromo, magnesio, hierro, niquel, cobre...). A juicio de la acusación pública, debían haberlo desviado al tanque pulmón de las instalaciones para ser neutralizado con sustancias alcalinas.
La fiscal concluye que "el diseño de la EDAR de San Cibrán se realizó teniendo en cuenta el origen industrial de parte de las aguas residuales" que le llegan desde los polígonos industriales de San Cibrao , Barreiros, Pereiro de Aguiar y el Parque Tecnolóxico de Galicia, por esa razón -añade- se ejecutó una balsa pulmón en la entrada de la planta para permitir "aislar, almacenar y homogeneizar posibles descargas y vertidos industriales puntuales que pudiesen afectar a las instalaciones de la depuración para su posterior incorporación a la línea de tratamiento de forma gradual.
A juicio de Eiró, los cuatro acusados incumplieron la autorización de vertido otorgado por la Confederación Hidrográfica Miño Sil de 25 de noviembre de 2004 en el que se establecía la obligación de disponer de un PH-metro como elemento de control para detectar y reaccionar frente a episodios puntuales de contaminación.
Acusación popular
Por su parte, la plataforma Ríos Limpos, creada por varias asociaciones vecinales, reclama penas de tres años y cuatro meses prisión para los cuatro, pero también pone en entredicho la idoneidad de la estación depuradora. En su escrito de calificación, pide la clausura definitiva de la EDAR de San Cibrao "a los fines de asegurar el cese de la actividad contaminante", así como hasta llevar a cabo "las actuaciones necesarias a fin de proceder a la restauración de las aguas y de la zona afectada al momento anterior al vertido".
La tercera acusación, la que ejerce el abogado del Estado, está pendiente de presentar su posicionamiento en el caso, un trámite que se realizarán en los próximos días.
