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La huelga de Justicia deja en Ourense un 7,4% más de casos en trámite

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photo_camera Entrada al edificio judicial de O Couto, ayer por la tarde.

Los efectos del paro se aprecian en la comparación interanual: descienden sentencias y litigios firmados

La segunda fase del plan de recuperación de la Xunta para aminorar los retrasos en los juzgados a causa de la huelga de funcionarios gallegos–que se extendió casi durante cuatro meses–arrancó ayer para los trabajadores de Xustiza en Ourense, que volvieron a la oficina por la tarde para recuperar lo atrasado. Si en el primer trimestre del año, el paro en Justicia aumentó un 20% los casos ourensanos en trámite, al término de este segundo trimestre, en el que las protestas tuvieron menos incidencia, quedaron pendientes 14.736 asuntos, frente a los 13.711 del inicio del trimestre, es decir, un 7,4% más. Así se desprende del informe sobre la situación de los órganos judiciales hecho público ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. De los 32 órganos judiciales de Ourense, los que más retrasos tendrán que resolver son los seis juzgados de primera instancia, que al término de este trimestre, le quedan pendientes 2.561 asuntos, la cifra más alta, que supone una media de 593,50 casos por órgano.


34,8% más de casos congelados


Los juzgados ourensanos resolvieron, entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, 7.352 asuntos–229,75 de media por cada órgano–frente a los 8.551 que se resolvieron el mismo periodo del año pasado, lo que supone un 14,1% menos. En cuanto a las sentencias, los jueces firmaron en este segundo trimestre un 17,5% menos que en el segundo trimestre de 2017.

La huelga de los trabajadores de Justicia, señala la Xunta, provocó que la tasa de congestión en los juzgados ourensanos–mide asuntos pendientes, registrados y resueltos– aumentase un 34,8% en este trimestre, en comparación con el mismo periodo del 2017.


Por juzgados


En el desglose por jurisdicciones de Ourense, la Civil, y en concreto, los seis juzgados de primera instancia siguen siendo los órganos que más asuntos pendientes tienen, según los datos del término del primer trimestre. Le sigue el juzgado de primera instancia e instrucción, con un total de 2.448 casos acumulados, sin resolver, al final de este periodo. Supone un aumento del 85,4% de asuntos en trámite al final del periodo, con respecto a los mismos datos para el 2017. Precisamente, esta segunda fase de la Xunta para paliar los retrasos afecta a los juzgados de primera instancia, a los sociales–estos cuatro juzgados acumulan 1.136 casos en trámite al final del periodo– y a los exclusivos de violencia de género (en Ourense no hay).

Por su parte, los tres juzgados de instrucción penal acumulan 1.985 casos en trámite al final de este periodo, 1.849 el de Familia y 1465 el los once órganos de primera instancia e instrucción Penal.

Es significativa la tasa de sentencia, que mide el porcentaje de asuntos que se resuelven por sentencia. Bajó un 5,9% respecto al año anterior. La tasa de pendencia–cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo–refleja la huella de las consecuencias de la huelga. Aumentó un 63,4% respecto al mismo periodo del año anterior. 


"O plan é unha merda, incoherente"


La huelga de funcionarios provocó un aumento del 28,8% de los asuntos en trámite en los órganos judiciales gallegos, según la información del Consejo General del Poder Judicial. Entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, los juzgados de la comunidad resolvieron 68.943 asuntos, frente a los 84.991 que se finalizaron el año pasado en las mismas fechas, un 18,9% menos. Al término del trimestre, quedaron pendientes al terminar el proceso 151.063 casos, cuando al inicio eran 118.826. La jurisdicción con más asuntos en trámite al finalizar el periodo es la civil, con un total de 76.733 casos. Desde el sindicato Alternativas na Xustiza valoraron el primer día de "horas extra" tras la puesta en marcha  del plan de recuperación de la Xunta, como "unha merda, incoherente e irracional", que aseguran que "chega con moitos meses de retraso" y "o importe por hora que aboarán está moi por debaixo das prolongacións de xornada. Calculan una pérdida adquisitiva entre 30 y 60 euros por trabajador según el cuerpo al que pertenezcan.

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