El proyecto de presupuestos cumple con los principios de equilibrio y nivelación presupuestaria aunque "con certas salvedades", según refleja en su informe el interventor, Gonzalo Alonso
Se refiere el funcionario a la previsión de ingresos por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que asciende a 600.000 euros, cantidad que el interventor considera "ilusoria", toda vez que las reclamaciones de Hipercor y Eroski en este concepto ascienden a 1,4 millones de euros y que el año pasado únicamente se ingresaron 321.936 euros.
Además, el funcionario se refiere también a la "insuficiente" capacidad de gasto para hacer frente al incremento del canon de Sogama y recrimina que "unicamente se achega para a defensa da falta de pagamento da suba do canon o informe dun funcionario interino, alleo ó servizo de Limpeza, sen que conste pronunciamento algún da asesoría xurídica do Concello". En este sentido, el interventor considera que se vulnera "o principio de responsabilidade na xestión administrativa".
El informe de fiscalización detecta, además, deficiencias en el anexo de personal, en la indemnización a Proavia por un convenio urbanístico que no se ejecutó al anularse el Plan Xeral de 2003, en las bases de ejecución del presupuesto y en la previsión de una caja de financiación local, incluida en el Plan de Emprego. En lo que respecta a personal, el informe llama la atención sobre un "sobrante próximo ós tres millóns de euros, non xustificado", mientras que en la indemnización a Proavia cuestiona que no se hayan abonado aún los 2,5 millones que establecía una sentencia, puesto que así habrá que abonar intereses.
El interventor observa la "actuación improcedente desenvolvida pola asistencia técnica contratada polo Concello (Carlos Hernández)" puesto que de la sentencia "dedúcese a práctica dunha transacción extraxudicial proscrita no ámbito das administracións públicas de non existir autorización previa", sin que se tenga constancia de un acuerdo administrativo "polo que se teña autorizado ó representante do Concello para pactar unha indemnización ó seu cargo por importe tan elevado".
El interventor, que censura la demora en los presupuestos, detecta con respecto a los gastos de los grupos políticos "incongruencias entre os gastos publicitados na web e os realmente executados".
